Cinco representantes del Pacto Histórico que integran la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara expidieron un comunicado luego de que la izquierda les cayera encima porque aprobaron una proposición en la que le pedían a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que la investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe, por su supuesta participación en la masacre de El Aro, en 1997, la adelantara el Congreso, no el organismo judicial.
Los parlamentarios petristas le lanzaron el salvavidas a Uribe, pese a que el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda han insistido en que Uribe, supuestamente, tuvo relación con los paramilitares en Colombia.
Este viernes, 28 de agosto, los congresistas dijeron que “no existe ni existirá un acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas. No promovemos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos al lado de los victimarios”.
En otras palabras, descartaron la supuesta alianza entre el uribismo y el petrismo en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que, según se ha especulado en redes, favorecería las investigaciones contra los expresidentes en esa instancia judicial.
Los parlamentarios explicaron las razones que los llevaron a aprobar la proposición. “Inicialmente, consideramos razonable y jurídicamente pertinente clarificar la competencia de la autoridad encargada de adelantar la investigación. Sin embargo, ante la controversia pública generada y los señalamientos que han pretendido presentar esta actuación como una forma de complicidad o favorecimiento de impunidad, queremos despejar cualquier duda: respaldamos que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”, expresaron.
Dijeron que definir con claridad la autoridad competente es una garantía para la propia investigación, “pero esa discusión procesal no puede convertirse en motivo para detenerla o dilatarla. Lo fundamental es que avance con plena seguridad jurídica, respeto por las garantías procesales y hasta el esclarecimiento de los hechos y su conclusión”.
Días después de posesionado Abelardo De La Espriella, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el representante Carlos Cuenca, convocó a los 17 integrantes de esa célula legislativa a la primera sesión oficial.
Esta fue presencial, ocurrió el 19 de agosto de 2026 y no duró más de una hora, pero permitió tomar una de las decisiones de mayor impacto judicial en los últimos meses: pedirle oficialmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que entregue la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por su supuesta participación en la masacre del corregimiento de El Aro, en Ituango, Antioquia, ocurrida en 1997.
La actuación, sin duda, era una especie de salvavidas al expresidente porque está llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía el próximo 4 de septiembre.
La solicitud la hizo a la Comisión el abogado Jaime Granados, en calidad de defensor de Álvaro Uribe. Argumentó que varios de los testigos que señalaban al expresidente denunciaban que los paramilitares en Colombia operaron hasta 2003, el primer año en que el político antioqueño fue presidente y, por tanto, la Comisión de Investigación tiene la competencia para investigarlo en su calidad de expresidente.
“La Comisión Legal de Investigación aprobó por unanimidad la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema para que sea esta Comisión quien asuma el conocimiento de la referida actuación”, reportó el presidente de la Comisión, Carlos Cuenca.
Es decir, confirmó que los 17 representantes, incluidos los cinco del Pacto Histórico, votaron para lanzarle un salvavidas judicial a Uribe, entre ellos: Heráclito Landínez, Gabriel Becerra, María del Mar Pizarro, David Alejandro Toro y Jorge Hernán Bastidas.
Ante esto, el senador Iván Cepeda dejó clara su postura, en la otra orilla de los representantes petristas de la Comisión de Investigación y Acusación.
“He solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales”, escribió en su cuenta oficial de X.