Una semana después de posesionado Abelardo De La Espriella, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el representante Carlos Cuenca, convocó a los 17 integrantes de esa célula legislativa a la primera sesión oficial.
Fue presencial, ocurrió el 19 de agosto de 2026 y no duró más de una hora, pero permitió tomar una de las decisiones de mayor impacto judicial en los últimos meses: pedirle oficialmente a la fiscal, Luz Adriana Camargo, que entregue la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por su supuesta participación en la masacre del corregimiento de El Aro, en Ituango, Antioquia, ocurrida en 1997. La actuación, sin duda, era una especie de salvavidas al expresidente porque está llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía el próximo 4 de septiembre.
La solicitud la hizo formalmente a la Comisión el abogado Jaime Granados, en calidad de defensor de Álvaro Uribe, quien argumentó que varios de los testigos que señalaban al expresidente denunciaban que los paramilitares en Colombia operaron hasta el 2003, el primer año en que el político antioqueño fue presidente y, por tanto, la Comisión de Investigación, tiene la competencia para investigarlo en su calidad de expresidente.
Según el orden del día del 19 de agosto, Cuenca socializó esta proposición y fue aprobada por unanimidad, como lo reconoció el representante de Cambio Radical en la carta dirigida a la fiscal Camargo.
“La Comisión Legal de Investigación aprobó por unanimidad la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema para que sea esta Comisión quien asuma el conocimiento de la referida actuación”.
Es decir, confirmó que los 17 representantes, incluidos los cinco del Pacto Histórico, votaron para lanzarle un salvavidas judicial a Uribe en medio de su investigación por la que fue llamado a indagatoria. Entre ellos, Heráliclito Landinez, Gabriel Becerra, María del Mar Pizarro, David Alejandro Toro y Jorge Hernán Bastidas.
Ninguno refutó. “Aprobada”, respondieron cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con que Cuenca, oficialmente, pidiera el proceso de Uribe a la fiscal Luz Adriana Camargo.
La fiscal Luz Adriana Camargo no duró más de 48 horas en salirle al paso y oponerse a la pretensión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara porque la masacre de El Aro no ocurrió cuando Uribe fue presidente sino gobernador de Antioquia. Y será la Corte Constitucional la que defina quién tiene la competencia para investigar a Uribe específicamente por la masacre de El Aro.
Lo paradójico es que el senador de oposición, Iván Cepeda, insiste en que la Fiscalía debe investigar a Uribe Vélez por esos hechos.
“He solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales”, escribió Cepeda en su cuenta oficial de X.
¿Por qué Cepeda pide que la Fiscalía investigue a Uribe por esta masacre y los representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación votaron para que el proceso lo lleve el Congreso?, es una de las preguntas que quedan en el aire.
Los representantes de la Comisión no pueden hablar abiertamente de sus decisiones porque, eventualmente, podrían ser recusados judicialmente si, a futuro, les cae en sus despachos la investigación de Álvaro Uribe.
Sin embargo, dos parlamentarios consultados por SEMANA que pidieron reserva de su identidad, no creen que se trate de un guiño del petrismo al uribismo porque la solicitud que hizo la Comisión de Investigación ante la Fiscalía es de trámite y no de fondo.
No obstante, otros representantes, que también pidieron no ser mencionados, estiman lo contrario y creen que, indirectamente, sí hubo un nuevo guiño de la izquierda al Centro Democrático, entre otras razones, porque Gustavo Petro ya es expresidente y, como Álvaro Uribe, empezará a ser investigado por sus actuaciones en la Casa de Nariño. Petro dejó el poder el pasado 7 de agosto con más de 200 investigaciones penales y disciplinarias, entre ellas, la de financiación irregular de su campaña presidencial en el 2022.
SEMANA conoció que el Centro Democrático buscó que la solicitud de Jaime Granados se tramitara ante la Comisión el periodo pasado, pero no se logró por los tiempos. Además, la presidenta era María Eugenia Lopera, del Partido Liberal, y aliada del petrismo. Hoy el escenario es otro.