El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, corrió con la peor suerte tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ratificar esta semana la sanción administrativa contra la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro, un hecho sin precedentes en la historia electoral de Colombia.
Roa fue el gerente y cargó entre pecho y espalda la mayor responsabilidad. Además de pagar una millonaria cifra económica –que esquivó jurídicamente desde noviembre de 2025, cuando el CNE decidió por primera vez–, el tribunal electoral le compulsó copias a la Fiscalía para que avance en su investigación penal. Este es un golpe certero porque Roa será imputado por estos mismos hechos en los próximos días y las pruebas fueron tomadas del expediente de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
SEMANA documentó cinco de los principales pecados de Roa, según el expediente del CNE.
El primero: el evento de cierre de campaña del Movistar Arena el 19 de junio de 2022, que costó 250 millones de pesos.
Roa pidió a la empresa TBL Live-Movistar Arena fraccionar el contrato en dos partes, de las cuales una la pagaría la campaña presidencial y la otra, la empresa Servired. Para la autoridad electoral, este fraccionamiento obedece a un posible intento de dividir el valor real del gasto, afectando su correcta trazabilidad y reporte.
Aunque el CNE concluyó que el evento no debía ser considerado como gasto de campaña (porque se realizó después del cierre de las urnas), también determinó que fue la propia campaña la que reportó esa cifra con el fin de acceder a su financiación mediante la reposición de votos. En consecuencia, ordenó a Roa devolver más de 165 millones de pesos.
Dos: la utilización de esquemas de triangulación para el pago de testigos electorales. De acuerdo con el CNE, se habrían empleado intermediarios, como empresas de giros, para dispersar los recursos, en lugar de realizar desembolsos directos, trazables e individualizables.
El punto adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el propio sistema de auditoría reconoció estos pagos como gasto de campaña. Es decir, “no se trata de un rubro marginal, sino de una erogación oficialmente incorporada al gasto electoral, lo que exigía aún mayor rigor en su registro, ejecución y verificación”, le explicó a SEMANA uno de los magistrados del CNE.
Tres: la donación de Fecode a la campaña. El CNE identificó un intento deliberado de alterar la trazabilidad de estos recursos por parte del gerente de campaña, mediante la elaboración de una escritura pública posterior con la cual se buscaba modificar la versión sobre el destino real del dinero.
La maniobra consistió en intentar presentar la donación como un aporte dirigido al movimiento político Colombia Humana y no a la campaña presidencial de Petro, como inicialmente ocurrió. Sin embargo, tras el análisis de los soportes y del flujo de los recursos, el CNE fue contundente y afirmó que el dinero sí ingresó y fue utilizado en la campaña.
Cuatro: el controvertido préstamo del Polo Democrático por 500 millones. La defensa de la campaña sostuvo que estos recursos no debían ser contabilizados como gasto, bajo el argumento de que no se utilizaron y que, en consecuencia, fueron devueltos.
Sin embargo, el CNE descartó esta interpretación como una simple formalidad contable. En su análisis, fue enfático en que todo recurso que ingresa a la campaña –así luego sea reintegrado– forma parte del flujo de caja y debe ser registrado, controlado y evaluado dentro de los topes y de la trazabilidad del dinero.
Cinco: la contratación de pauta publicitaria por 356 millones durante la primera vuelta. Según el expediente, estos gastos fueron ejecutados en ese periodo, pero posteriormente habrían sido reportados de manera irregular dentro de los informes correspondientes a la segunda vuelta. Y es que Ricardo Roa trasladó gastos de una vuelta a otra para alterar la lectura real de los topes de financiación, lo que distorsionó el control del gasto y el cumplimiento de los límites legales establecidos para cada vuelta de la campaña.
Roa tendrá que pagar la sanción y alistar su artillería jurídica para no correr igual suerte en la justicia penal, que, en el peor de los casos, puede condenarlo.