Diez actos administrativos expedidos durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por presuntas irregularidades relacionadas con la creación de obligaciones sin respaldo legal, posibles excesos en la potestad reglamentaria, vulneración del principio de reserva de ley y eventuales afectaciones a la seguridad jurídica.
Las acciones judiciales fueron presentadas por SPL Salgado Abogados y Consultores, firma especializada en derecho tributario, laboral y administrativo, que solicita a los jueces determinar si las disposiciones fueron expedidas dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
Entre los actos demandados figura el Acuerdo 10 de 2023 del Sena. Según la demanda, incorporó a la cuota de aprendizaje oficios que no requieren formación académica integral, lo que habría generado una carga económica adicional para las empresas mediante la monetización del contrato de aprendizaje.
También fueron demandados el Decreto 1225 de 2024, por presuntamente imponer obligaciones relacionadas con la reforma pensional antes de su entrada en vigor; el Decreto 0234 de 2026, que reglamentó la negociación colectiva por niveles superiores al de la empresa; y el Decreto 0415 de 2026, por ordenar el traslado anticipado a Colpensiones de recursos de afiliados al régimen de ahorro individual.
La lista incluye, además, las resoluciones 1145 de 2021 y 1323 de 2022 de la UGPP sobre la devolución de recursos de los programas PAEF y PAP; el Decreto 1601 de 2022, por presuntamente omitir el desarrollo del sistema de presunción de ingresos previsto en la ley; el Decreto 572 de 2025, relacionado con el incremento de las tarifas de retención y autorretención en la fuente; el Decreto 1017 de 2025, por crear una tarifa sobre los fletes; la Resolución 687 de 2026, sobre cobros en procesos de cobro coactivo; y el Decreto 1047 de 2024, que prohibió las exportaciones de carbón hacia Israel.
“El control judicial de los actos administrativos constituye una garantía esencial del Estado de derecho. Nuestro propósito no es controvertir decisiones por razones políticas, sino procurar que toda actuación de la administración pública se mantenga dentro de los límites que establecen la Constitución y la ley. Cuando un acto administrativo desconoce esos límites, corresponde a la jurisdicción determinar su legalidad”, señaló a SEMANA Carlos Mario Salgado, director legal de SPL Salgado Abogados y Consultores.
Salgado indicó que las acciones de nulidad cursan actualmente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que serán los jueces quienes definan la legalidad de cada uno de los actos demandados. Añadió que, con estas demandas, la firma busca fortalecer la seguridad jurídica, garantizar el respeto por el principio de legalidad y brindar certeza a ciudadanos, trabajadores, empresas y demás actores económicos frente a las actuaciones de la administración pública.