El Consejo de Estado admitió una demanda presentada por la Fundación para el Estado de derecho contra el presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte por los decretos que ordenaron el congelamiento de las tarifas de los peajes en 2023 y las resoluciones que posteriormente dispusieron un incremento gradual de esos cobros.
La información fue dada a conocer por la fundación, que explicó que la acción judicial busca que el alto tribunal estudie la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno y los efectos económicos que, según sostiene, continúan generando sobre las finanzas públicas y los contratos de concesión.
🚨 El @consejodeestado admitió la demanda que presentamos contra el presidente de la República, @MinHacienda y @MinTransporteCo por los decretos que congelaron las tarifas de los peajes en 2023 y las resoluciones que ordenaron su aumento gradual sin definir cómo se compensarían… pic.twitter.com/UGx6JA3jJL
— FEDe. Colombia (@FEDe_Colombia_) July 8, 2026
La organización indicó que la demanda solicita la nulidad de los actos administrativos que congelaron las tarifas y de las resoluciones que ordenaron su incremento progresivo, al considerar que no se estableció un mecanismo para compensar los recursos que dejaron de recibir las concesiones durante el periodo en que las tarifas permanecieron congeladas.
“El Consejo de Estado admitió la demanda que presentamos contra el presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte por los decretos que congelaron las tarifas de los peajes en 2023 y las resoluciones que ordenaron su aumento gradual sin definir cómo se compensarían los recursos que dejaron de percibirse durante el congelamiento“, señaló la Fundación para el Estado de derecho.
La organización afirmó que, aunque los decretos ya no están vigentes, las consecuencias económicas de esa decisión siguen produciendo efectos.
“Congelar los peajes pudo parecer una buena decisión cuando se anunció. Pero esa decisión tuvo un costo“, indicó la Fundación.
Como respaldo de sus argumentos, la entidad citó cifras de organismos oficiales. Según el comunicado, la Contraloría General de la República estima que la medida podría representar un costo de 1,02 billones de pesos para el Estado.
Asimismo, la Fundación señaló que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que, con corte a mayo de 2025, había desembolsado 494.369 millones de pesos por concepto de compensaciones derivadas del congelamiento tarifario.
El comunicado también menciona que un tribunal de arbitramento condenó a la ANI a pagar más de 94.600 millones de pesos por la modificación unilateral de un contrato de concesión relacionada con esa decisión.
De acuerdo con la organización, esos costos terminarían siendo asumidos con recursos del Presupuesto General de la Nación, motivo por el cual considera necesario que el Consejo de Estado revise la legalidad de los actos administrativos expedidos por el Gobierno.
Además de la nulidad de los decretos y resoluciones, la Fundación para el Estado de Derecho solicitó la suspensión provisional de sus efectos mientras avanza el proceso judicial.
“Pedimos al Consejo de Estado anular estos actos administrativos y suspender provisionalmente sus efectos. Su decisión será clave para la seguridad jurídica y el desarrollo de la infraestructura vial del país“, concluyó la organización.