Un nuevo episodio de violencia política ocurrió durante un evento público en el que participaba el expresidente Álvaro Uribe, luego de que el exalcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, fuera víctima de un ataque que, según versiones de sus allegados, puso en riesgo su integridad física.
De acuerdo con los relatos, en medio del encuentro, un hombre lanzó un ladrillo que le rozó la zona cercana a la cabeza del exmandatario local. La rápida reacción de su esquema de seguridad evitó que el golpe tuviera consecuencias mayores.
Sin embargo, el hecho no se limitó a ese momento. Posteriormente, un grupo de personas habría intentado rodearlo y generar una situación de hostigamiento, lo que obligó a evacuarlo del lugar.
En la huida, Saldarriaga fue auxiliado por una familia que le ofreció refugio en su vivienda, pese al riesgo que ello implicaba. Según las versiones conocidas, los agresores intentaron ingresar al inmueble, lo que derivó en momentos de tensión para quienes lo protegieron.
La intervención del equipo de seguridad permitió finalmente que el exalcalde saliera del sitio sin lesiones de gravedad.
El episodio generó reacciones inmediatas dentro de diferentes espectros políticos. Dirigentes y figuras públicas expresaron su rechazo a lo ocurrido y coincidieron en que no se trata de un incidente menor, sino de un hecho que evidencia los riesgos de la intolerancia en el debate público.
También subrayaron que la violencia no puede convertirse en una herramienta para intimidar a quienes participan en la discusión política.
A pesar de lo sucedido, el evento continuó y se desarrolló hasta su cierre, en un mensaje que algunos interpretaron como una señal de resistencia frente a la presión violenta.
Este caso volvió a poner sobre el centro de la discusión el debate sobre las garantías de seguridad en escenarios políticos y sobre la necesidad de fortalecer la protección por parte del Gobierno Nacional a líderes políticos de la oposición en aras de garantizar unas justas democráticas seguras.