La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, se convirtió en una piedra en el zapato para los miembros de la Policía que adelantan operaciones contra la minería ilegal en Antioquia. Documentos en poder de SEMANA revelan que la congresista pretendió acceder a información de inteligencia y a las identidades de los uniformados que combaten el fenómeno en el departamento.
En un derecho de petición fechado el 3 de octubre de 2025, dirigido a la Policía, Zuleta mostró su molestia por 25 operativos desarrollados en los municipios de Yalí, San Roque, Amalfi, Angostura, Anorí, Remedios y Buriticá, en Antioquia, y Marmato, en Caldas, que supuestamente violarían los acuerdos que los mineros tradicionales alcanzaron con el Gobierno Petro en el primer semestre de ese año.
Ella se quejó por la destrucción de maquinaria amarilla, el cierre de una mina, posibles amenazas y agresiones físicas hacia la población civil. Así lo reseñó al referirse a tres acciones hechas en el corregimiento Providencia, en San Roque, en abril y mayo de 2025: “Destrucción de toda la maquinaria de trabajo. Los mineros fueron ultrajados con palabras groseras y amenazados de llevar (sic) presos por la Unimil (Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Ilegal)”.
El relato de los policías, conocido por SEMANA, es que destruyeron e incautaron materiales destinados a la extracción ilícita de yacimientos mineros porque “no cuentan con la documentación vigente, ni licencias otorgadas por la Agencia Nacional de Minería y (la) Agencia Nacional de Licencias Ambientales para el ejercicio de la explotación de minerales”. Eso es contrario a la versión presentada por la senadora Zuleta.
Al reclamar por los movimientos de los uniformados en Antioquia y Caldas, ella recordó el pacto que alcanzó el Ejecutivo con los mineros informales en el marco de las protestas del año pasado en Antioquia: “Se estableció que los procedimientos debían priorizar el decomiso y verificación documental de la maquinaria amarilla, motores, motobombas y los medios de producción en general, y no la incineración inmediata de los equipos”.
Las peticiones de Zuleta
La congresista le hizo 11 peticiones a la Policía. El documento provocó dudas entre un grupo de oficiales, dado que en buena parte de las operaciones reseñadas en Antioquia se sospecharía de la presunta vinculación de los mineros con estructuras al margen de la ley, como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá.
En uno de los puntos pidió la información y las fuentes que llevaron a realizar los operativos, datos reservados que usaron los policías para sorprender a las personas, aparentemente, cometiendo infracciones ambientales: “Informar los sustentos jurídicos y los insumos de información previa a los operativos (señalando la entidad que los suministra y las fuentes) que motivaron los operativos realizados (…)”, y agregar detalles particulares sobre las incautaciones, entre otros.
En el extenso derecho de petición se sumó otro polémico pedido: “Entregar copias de registros audiovisuales (videos, fotografías, body cams) y georreferenciación (coordenadas GPS) de los operativos señalados, junto con partes/informes operativos y de inteligencia (en lo que no esté sometido a reserva), actas de entrega-recepción de elementos incautados o destruidos, y las órdenes de operaciones que lo fundamentaron”.
Zuleta también expresó interés en conocer las identidades de los uniformados que participaron en las misiones de la Policía: “Identificar los funcionarios intervinientes en cada operativo (nombres, grados y dependencias) e informar si se realizaron evaluaciones posteriores de uso de la fuerza, informes de novedades y eventuales investigaciones disciplinarias o penales derivados. Remitir copia de evaluaciones, informes e investigaciones, en caso de haberse realizado”.
Finalmente, pidió exponer la relación que tuvo la institución con la administración departamental en el marco de la minería y recordó que esa entidad no tiene relación con la materia: “Informar si existió algún nivel de injerencia de la Gobernación de Antioquia en los operativos realizados, de qué tipo, si hubo o no algún tipo de coordinación, de qué tipo, las fechas, lugares y actas de los espacios que haya tenido la Gobernación de Antioquia con la Policía para asuntos relacionados con la minería en el departamento sobre la cual no tiene competencias”.
¿Intimidaciones?
En la Policía, los uniformados han interpretado las peticiones de la senadora del Pacto Histórico como una cascada de posibles intimidaciones que buscarían, presuntamente, beneficiar a los mineros de Antioquia e interferir en la relación que lleva la institución con la administración departamental que lidera Andrés Julián Rendón, a quien ella ha hecho oposición y cuestionado sus propuestas en materia de seguridad para la región. Un coronel retirado que recibió los reclamos de Zuleta, y cuya identidad pidió omitir, confirmó que los cuestionamientos fueron interpretados por el alto mando de la institución como posibles favores para los delincuentes: “Lo que nosotros vimos fue minería criminal, y ella quería que transformáramos eso en minería ancestral. Cada vez que planeábamos un operativo, pese a las pruebas, llegábamos a la mina y estaban leyendo, dando clase. Todas las operaciones se filtraban”.
Esta misma fuente reveló que recibió instrucciones de sus superiores para no realizar operativos contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, específicamente en el municipio de Caucasia, pese al material probatorio que dejaba en evidencia las ilegalidades. De acuerdo con su testimonio, se le instruyó prevenir un supuesto “mal superior”: “Esa persona me dijo que mis actividades solo generarían bloqueos y muertos, entonces que no se hiciera. Esa orden me la dieron y no se pudo hacer el operativo”.
Las versiones de Zuleta
La senadora negó haber pedido información de inteligencia a la Policía: “Pedí el sustento legal de los operativos, que es muy distinto. La razón es que soy la coordinadora de comisión accidental para la revisión de la política minera en Colombia y hay una enorme discusión sobre la legalidad de operativos en contra de la minería que tiene títulos mineros o que está en proceso de formalización, porque esto desestimula el proceso y conduce.
Estos operativos en contra de mineros con identidad clara que han manifestado (como lo dice la sentencia de la Corte) su ánimo de legalizarse no son ajustados a la actual normatividad y generan mayores problemas sociales. El asunto es claro: la Policía alega que, si no tiene licencia ambiental, puede hacer el operativo, pero el actual Código de Minas permite trabajos y obras en fase de exploración sin necesidad de licencia ambiental”.
Sobre las identidades de los policías que intervienen en las operaciones, manifestó: “Los nombres de los oficiales es para denunciarlos porque se negaron a dar sus nombres durante el operativo; además, taparon sus nombres con los chalecos, lo que está prohibido porque es una obligación de la fuerza pública identificarse”.
En cuanto a las supuestas intervenciones que se estarían haciendo desde su curul para remover a uniformados, ella lo negó: “Nunca pido traslados de ningún oficial, eso es una mentira. Mis quejas y reclamos los hago de manera formal, o en el Senado no votando por sus ascensos si considero que han actuado en contra de las comunidades, la ley o la Constitución”.