La Fiscalía General de la Nación presentó este jueves, 9 de octubre, una acusación formal contra varios funcionarios de la Alcaldía de Medellín, durante el mandato de Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de contratos para el suministro de alimentos a poblaciones vulnerables suscritos en marzo de 2020.
Se trata de la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Ruiz Agudelo; la exdirectora del Programa Buen Comienzo, Lina María Gil Zapata; y al representante de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulisson Gómez Montoya.
Dentro de las investigaciones apuntan a que, en al menos dos procesos contractuales, se cambió la modalidad de selección prevista y se escogió de manera directa a la corporación representada por Gómez Montoya.
Ese proceder, añade la Fiscalía, habría facilitado sobrecostos en kits y paquetes alimentarios, la vinculación de personal sin correspondencia con las necesidades técnicas y pagos por servicios que no se habrían prestado.
La entidad cuantifica la posible apropiación en $1.423 millones en un contrato y en $956 millones en otro.
Esa acusación detalla que uno de los contratos, dirigido a la atención alimentaria de primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, fue adjudicado de forma directa a la Corporación Colombia Avanza.
En otro contrato, vinculado con la atención alimentaria estudiantil durante la emergencia sanitaria por la pandemia, la Fiscalía señala que la entidad contratista no contaba con la experiencia necesaria para ejecutar el alcance de las obligaciones pactadas y que se habrían presentado sobrecostos en la entrega de paquetes alimentarios.
Un juez de conocimiento de Medellín avaló los términos de la acusación y abrió paso a la etapa que conducirá a juicio oral. El despacho fijó una amplia agenda de audiencias que comenzará el 9 de junio de 2026 y se extenderá hasta noviembre de ese mismo año, con más de 30 fechas programadas.
La acción penal llega después de que la Procuraduría General de la Nación confirmara, en fallo de segunda instancia, la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por ocho años contra Agudelo Ruiz, por irregularidades en la contratación directa con la Corporación Colombia Avanza dentro del programa Buen Comienzo.
La Fiscalía también expuso materiales probatorios que, a su juicio, dan cuenta de direccionamiento, sobrecostos y apropiación de recursos. Esos hechos ocurrieron durante la administración de Quintero Calle, la acusación recae específicamente sobre las exfuncionarias y el contratista, no sobre el exalcalde.
¿Qué va a pasar en la vía penal?
Con la admisión de los términos de la acusación por parte del juzgado, el proceso avanza hacia la audiencia preparatoria y luego al juicio oral, donde la Fiscalía deberá probar ante un juez de sentencia los delitos que atribuye: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos, según el escrito presentado.