La Fiscalía General de la Nación anunció que radicó el escrito de acusación contra Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, considerado uno de los cerebros del presunto entramado de corrupción alrededor de la entidad y que tiene a varios funcionarios del Gobierno nacional investigados.
Uno de los hechos por los que se le atribuye su participación en este escándalo es el relacionado con la compra de carrotanques para suministrar agua a La Guajira, por la que, según el ente judicial, como director de la UNGRD, habría favorecido a un contratista en específico con la orden de proveeduría 192 de 2023 por un valor de 48.600 millones de pesos y que tenía como objetivo llevar agua potable a las comunidades indígenas de ese departamento.
Según la Fiscalía, por esta movida “ilegal”, López habría recibido una dádiva de 724 millones de pesos y permitido que terceros se apoderaran de 13.340 millones de pesos.
López también es acusado de supuestamente haber orientado la orden de Proveeduría 185 de agosto de 2023 para beneficio de una corporación mixta indígena para adquirir 40 carrotanques pequeños por un costo superior a los 29.000 millones de pesos.
En este caso, el contratista habría logrado una apropiación de recursos por 11.114 millones de pesos. “Olmedo de Jesús López Martínez, previo a la radicación del escrito de acusación y a través de su abogado, manifestó de manera escrita su voluntad de aceptar los cargos y someterse a sentencia anticipada”, aseguraron desde la Fiscalía.
En los últimos días, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá había rechazado el preacuerdo que habían logrado López y la Fiscalía porque la magistrada Alma Chat Lozano encontró que no se habrían cumplido los requisitos de ley.
“La Fiscalía incurre en un error al tazar la multa de los delitos de peculado como si se tratara de una pena de prisión”, determinó la magistrada.
Cabe aclarar que López aceptó su responsabilidad por estos hechos y por eso ha buscado el preacuerdo para recibir beneficios. En medio de ese proceso, habló de más funcionarios del Gobierno nacional implicados en el escándalo de corrupción, que es el que más ha tocado al mandato del presidente Gustavo Petro.
Precisamente, en el acuerdo, López aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer y se comprometió a la devolución de 735 millones de pesos.