El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez, volvió a recibir un “no” frente al preacuerdo firmado con la Fiscalía General.
En la decisión judicial, emitida en la tarde de este martes, 14 de abril, la magistrada consideró que el preacuerdo no cumple con varios requisitos exigidos por la ley.
En su intervención, la magistrada Alma Chat Lozano advirtió que no existió una especificación sobre la reparación a las víctimas acreditadas dentro de este proceso penal, entre las que se encuentran dos comunidades indígenas wayúu de La Guajira.
Igualmente, señaló que existen muchas cifras y versiones sobre el dinero del que se apropió el exfuncionario y que iba a reintegrar a las arcas del Estado.
“La Fiscalía incurre en un error al tazar la multa de los delitos de peculado como si se tratara de una pena de prisión”, reclamó la magistrada.
Olmedo López aceptó en el preacuerdo su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer.
En este preacuerdo, se había comprometido a la devolución de 735 millones de pesos, señalando que era el dinero que había recibido por su “colaboración” en el desvío de contratos de la UNGRD.
Sin embargo, para la magistrada, los datos que envió la Fiscalía no coinciden con esta afirmación.
Igualmente, señaló que durante la imputación de cargos que se celebró en agosto de 2024, se presentaron cifras que van en contravía de lo dicho en el preacuerdo.
“La cuantía del peculado por apropiación a favor propio se ha mantenido, pues siempre se ha señalado que es de $724 millones; sin embargo, no sucede lo mismo con los delitos cometidos a favor de terceros, en el cual es confusa la cantidad de eventos y su monto”, advirtió la magistrada ponente.
“Toda vez que en las diversas intervenciones el fiscal no ha coincidido en la cuantía, pues ha mencionado $5,276 millones, $13.446.300.723, $12.065.829.434 y $12.722.300.723. Esta situación por sí sola resulta suficiente para improbar este acuerdo, en tanto no existe claridad respecto de los delitos que acepta el procesado, ni el valor de la apropiación”, añadió.
Estos datos son directamente proporcionales —recordó— para la correcta dosificación de la pena de prisión y la de multa a imponer.
Debido a esta situación, le hizo un llamado a la Fiscalía General para que revise los datos y las cifras en este complejo proceso judicial.
Con todo, la indeterminación de la situación fáctica, la Sala advierte que la exposición en el acuerdo no se sigue de los hechos jurídicamente relevantes relacionados en la imputación, problemática que la Fiscalía debe considerar aplicando el remedio procesal que estime, entre ellos una eventual adición de la imputación”, concluyó.
Al comienzo de la audiencia, Olmedo López manifestó que su compromiso con la colaboración de justicia seguía en firme.