Las pruebas que recolectó en los últimos meses el magistrado de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez, y su equipo para identificar la participación de cinco congresistas y un excongresista que en 2023 hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
En los detalles de la ponencia revelada en exclusiva por SEMANA el pasado 21 de febrero, el despacho del magistrado instructor recaudó junto a un grupo de policía judicial los registros fílmicos en las sedes de los ministerios de Hacienda y del Interior, así como interceptaciones de llamadas y chats que comprometen a los políticos en la exigencia de millonarios contratos.
Esta importante decisión se debe en gran parte a la colaboración crucial del testigo clave del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien proporcionó las pruebas tanto a la Fiscalía como a la Corte. Aun así, la Fiscalía no ha aceptado el preacuerdo.
SEMANA estableció además que entre las pruebas más destacadas se encuentran las declaraciones dadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, ante la Fiscalía General.
Así como una serie de documentos que entregaron, entre los que se encuentra un bloc de páginas amarillas en el que Olmedo López escribió varios proyectos en los cuales los congresistas habían manifestado algún tipo de interés.
Igualmente, una serie de chats en los que Sneyder Pinilla recibía peticiones para verificar el estado de contratos y proyectos que, a la postre, se convirtieron en la joya de la corona para los congresistas que ya se habían comprometido a vender su voto para aprobar las reformas del Gobierno.
Las copias de estos chats hacen parte del extenso expediente contra los dirigentes políticos.
Pinilla tuvo largas y detalladas conversaciones con María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien le preguntaba sobre los proyectos en Bolívar, Arauca y Córdoba.
Los chats de María Alejandra Benavides
Aquí es donde aparecen los chats de WhatsApp y Signal que mencionó María Alejandra Benavides en sus largas declaraciones.
En estas conversaciones, los congresistas, especialmente Wadith Manzur, hacían presión, expresaban sus demandas y hasta proponían porcentajes para repartir los proyectos mencionados.
Esta información coincide con los ingresos (hasta el momento injustificados) de varios congresistas a la sede del Ministerio de Hacienda, ubicada a pocos pasos del Capitolio.
En estas reuniones, aunque breves, los líderes políticos expresaban su interés en llamar a las votaciones, todo esto a cambio de proyectos que se ofrecían como cupos indicativos.
Finalmente, se destaca en medio de esta investigación una hoja escrita, al parecer, de puño y letra por la congresista Karen Manrique, donde aparecían detalladamente los nombres de los congresistas y los contratos de su interés.
Los contratos de la discordia
El de Cotorra, en Córdoba, tenía el objetivo de hacer obras de intervención correctiva para la recuperación del sistema integral del drenaje de aguas lluvias entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú hasta el casco urbano, por un costo de 50.000 millones de pesos.
El contrato de El Salado, en Bolívar, buscaba la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento. El convenio tenía un costo de 12.356 millones de pesos.
Por último, en Saravena, Arauca, el contrato por 30.000 millones de pesos tenía como objetivo la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba. Sneyder Pinilla entregó todas estas evidencias a la Fiscalía, que investiga este escándalo de corrupción. Al igual que Olmedo López, espera un principio de oportunidad y le propuso a la Fiscalía cumplir una pena de cinco años, privativa de la libertad, en una guarnición militar.