El Gobierno De La Espriella inició gestiones políticas para impulsar en el Congreso su proyecto de ley de sometimiento de organizaciones criminales. Este martes, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se reunió con integrantes de las Comisiones Primeras del Senado y de la Cámara, responsables de estudiar la iniciativa.
Asistieron los senadores Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y Hernán Cadavid, del Centro Democrático, además del representante James Mosquera, de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. El encuentro ocurrió después de la radicación de la ponencia para primer debate, respaldada por congresistas de ambas cámaras.
El Ejecutivo presentó el proyecto con mensaje de urgencia, mecanismo que permite sesiones conjuntas de las Comisiones Primeras y busca acortar los tiempos del trámite. La solicitud no garantiza su aprobación: el texto deberá superar la discusión y conseguir las mayorías necesarias.
La propuesta establece una ruta jurídica para que integrantes de estructuras criminales se sometan a la justicia. El Gobierno plantea que el mecanismo fortalezca la respuesta estatal y se distancie de los modelos de negociación política aplicados anteriormente. Los beneficios, las obligaciones de quienes se acojan y las garantías para las víctimas estarán entre los puntos centrales del debate.
Sectores cercanos al oficialismo han defendido dejar atrás la estrategia de paz total y adoptar una política enfocada en el sometimiento judicial. Desde la oposición se han cuestionado las rebajas de pena y el tratamiento previsto para responsables de delitos graves. Esas diferencias anticipan una discusión en la que el articulado y sus modificaciones serán determinantes.
La iniciativa también está condicionada por el calendario jurídico. El Gobierno busca modificar el marco legal que ha respaldado distintas políticas de paz y orden público, cuya vigencia está próxima a expirar.
El trámite medirá tanto la capacidad del Ejecutivo para reunir apoyos como su margen para convertir una de sus principales apuestas de seguridad en ley.
El siguiente paso será avanzar en el debate formal de la ponencia. La decisión del Congreso definirá las condiciones para las organizaciones que opten por el sometimiento y las herramientas con que contará el Estado para exigir su desarticulación.