Tal como lo había prometido, este martes, 13 de octubre, el Gobierno De La Espriella radicó en el Congreso la Ley de Sometimiento a la Justicia de grupos armados.
La iniciativa, presentada oficialmente por los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Justicia, Iván Cancino, plantea una alternativa para que los grupos armados abandonen las armas y se sometan a la justicia con unas reglas claras y diferentes a las de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.
“El proyecto busca crear un marco normativo que les permita a ciudadanos y estructuras el sometimiento a la ley”, explicó el ministro Rodrigo Lara.
La iniciativa quedó redactada en línea con las promesas que hizo Abelardo De La Espriella, hoy presidente, durante su campaña: una posición contundente de orden público, “pero al mismo tiempo entrega un marco normativo para el acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales en Colombia”.
En el texto conocido por SEMANA se lee: “Esta ley tiene como objeto definir la política estatal para dotar al Estado colombiano de instrumentos jurídicos para el restablecimiento y mantenimiento del orden público, la protección de la población civil, la intervención territorial integral y el desmantelamiento de actores armados ilegales o terroristas que afecten la seguridad, la convivencia y los derechos de los colombianos”.
El artículo 3.°, por ejemplo, habla de los actores armados ilegales o terroristas y los define así: “Se entenderá por actores armados ilegales o terroristas toda organización, grupo o estructura que, con independencia de su tamaño, de su capacidad militar u operativa, de su grado de incidencia frente a la Fuerza Pública, cumpla funciones relevantes en un sistema de economías ilícitas y, por esa vía, cometa o tenga la capacidad de cometer actos terroristas, afectar gravemente el orden público, comprometer la seguridad ciudadana, alterar la convivencia pacífica o vulnerar los derechos de la población civil”.
Es decir, todos los grupos armados serán considerados terroristas.
En la iniciativa quedó contemplado que los grupos armados que se sometan a la justicia colombiana tendrán que adelantar una ruta jurídica, cuya carga principal estará en manos del Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Por eso, se creará la Unidad Especializada para la Investigación y Judicialización de los Actores Armados.
“El Consejo de Seguridad Nacional asesorará al presidente en la calificación de estos grupos, de acuerdo a lo establecido en su reglamentación”, se lee en el documento.
El proyecto, de 22 artículos y 17 páginas, empezará su discusión en la Comisión Primera del Senado, donde tiene garantizadas amplias mayorías. Allí el presidente es el congresista de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, cercano a De La Espriella.
Sin embargo, como tiene mensaje de urgencia, el objetivo es que el proyecto se estudie en los próximos días junto con la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Este es el primer proyecto que radica el Gobierno De La Espriella en el Congreso y que toca la seguridad del país.