El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien figura en el podio de los presidentes con mayor aprobación de toda Latinoamérica, según encuesta CB Global Data, reveló nuevos detalles de la ley de sometimiento que prepara para las organizaciones criminales.
Uno de los puntos que más llama la atención es la posibilidad de reducir las condenas de quienes decidan acogerse al mecanismo.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que los integrantes que tengan posiciones de mando podrían acceder a rebajas de hasta el 30 % de la pena, mientras que para otros miembros la reducción podría alcanzar el 50 %. Los beneficios no serían automáticos y estarían sujetos al cumplimiento de varias condiciones.
“Para las personas que tengan mando, la rebaja será del 30% y para los demás del 50%, y hay algunas circunstancias que van a jugar para mejorar o no, pero siempre dependiendo del aporte y el cumplimiento de las condiciones de entrega”, dijo.
Tendrán que entregar todos sus bienes ilícitos
Quienes pretendan acogerse deberán entregar las armas y la totalidad de los bienes obtenidos ilegalmente, además de proporcionar información que contribuya al desmantelamiento de las estructuras y a la reparación de las víctimas.
El proyecto también contempla que suministren datos sobre rutas criminales, cultivos ilícitos, personas desaparecidas o secuestradas, hechos de corrupción y posibles conexiones políticas de las organizaciones.
Cancino explicó que si posteriormente las autoridades descubren que una persona ocultó bienes, podría perder los beneficios obtenidos dentro del proceso.
Otro de los puntos definidos por el Ejecutivo es que el sometimiento será de carácter judicial y no implicará reconocer estatus político a las organizaciones criminales. Tampoco se contempla la creación de cárceles especiales ni la suspensión automática de órdenes de captura o solicitudes de extradición.
La iniciativa marca la ruta que el nuevo Gobierno pretende seguir frente a estas estructuras después de anunciar el cierre de los espacios de diálogo político. El proyecto todavía deberá ser radicado y discutido en el Congreso, por lo que las condiciones conocidas hasta ahora podrían tener modificaciones durante su trámite.
