El Gobierno de Abelardo De La Espriella sigue destapando hechos que ocurrieron en la anterior administración de Gustavo Petro. Según denunció la directora de Prosperidad Social (DPS), Sandra Suárez, se habrían tomado decisiones que dejaron en riesgo los recursos que iban destinados para los más de 3 millones de adultos mayores que están en el programa de Colombia Mayor.
“La plata del programa no estaba asegurada. El hueco era de más de 3 billones de pesos y afectó las transferencias. La primera semana de agosto el exdirector de Prosperidad Social, pese a que había asegurado que las transferencias estaban al día y que estaban garantizados los recursos, reconoció en un informe que con el presupuesto disponible sólo alcanzaba para pagar la mitad del año”, denunció Suárez.
La información está consignada en el Acta de informe de gestión presentada durante el cambio de gobierno, que está firmada por Mauricio Rodríguez en la que se detalla que para financiar el programa en 2026 se solicitaron 8,4 billones de pesos pero solo se asignaron 4,6 billones, es decir, faltan 3,7 billones de pesos. El documento reconoce que los recursos disponibles solo alcanzaban para financiar seis ciclos durante la vigencia.
Suárez detalló que no se pagó el ciclo de marzo del programa y que los ciclos uno y dos comenzaron a pagarse en febrero y en solo dos departamentos del país. Asimismo, no se habría girado el ciclo de marzo y tampoco se subsanó con otro pago doble.
El tercer pago se hizo en abril, mientras que el cuarto ciclo se hizo en mayo y en junio. El problema es que el 4 de agosto aún se estaba pagando el ciclo seis que corresponde a junio.
Para subsanar el pago de marzo era necesario hacer un doble giro que nunca se hizo, denunciaron desde la entidad. En ese sentido, cuando transcurría el octavo mes del año, el séptimo ciclo no había comenzado y tampoco estaban asegurados los recursos para financiarlo.
Suárez solicitó que se investigue si hubo irregularidades en una operación de 770.095 millones de pesos relacionados a un convenio administrativo.
De otro lado, se denunció que se habrían utilizado recursos que estaban destinados para gastos de funcionamiento del Ministerio del Trabajo que habría sido utilizados para inversión en Prosperidad Social, lo cual sería irregular.
“Lo que encontramos fue una falta de planeación y responsabilidad financiera. Se anunciaron más beneficiarios, se aumentó el valor de las transferencias y se generaron expectativas entre millones de adultos mayores, pero no se dejaron asegurados todos los recursos para responder por esos compromisos”, reclamó.