Este martes 12 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, llamó la atención con una serie de agudos mensajes que publicó contra el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación.
Inclusive, respondió un comunicado que expidió el Consejo de Estado, en el cual esa entidad advirtió sobre “poderes desbordados” y la necesidad de controles “efectivos e inmediatos”.
Esto dijo el Consejo de Estado:
“El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”.
Los magistrados de dicho alto tribunal aclararon, a través del comunicado, que el pronunciamiento del Consejo de Estado exige y requiere una respuesta institucional “oportuna, clara y contundente” sobre las palabras expresadas por el presidente Gustavo Petro en la red social X contra uno de los integrantes de esa corporación.
Posteriormente, en un mensaje que publicó en su cuenta de X, el jefe de Estado manifestó:
“El derecho a la pensión no es un derecho desbordado y los banqueros no tienen ningún derecho a robarse el ahorro de los cotizantes; eso no es un derecho, sino un delito.
Los que cometen ese delito de prevaricato y hurto deben ser denunciados. Ese es mi deber y no es desbordado.
El Consejo de Estado ya se equivocó con el jefe del Estado al permitir una investigación inconstitucional contra el presidente por su campaña electoral cuando ya había sido investigada favorablemente en los tiempos que ordena la ley” (sic).
En otra publicación, Petro ya había mencionado el tema:
“Nadie del Estado puede decir que el derecho a la pensión es un poder desbordado; respeten la Constitución y al constituyente primario.
Respeten a quienes se han pasado la vida trabajando y tienen todo el derecho a que les paguen su pensión. Impedirlo es un poder ilegítimo y tiránico, solo motivado por el poder fáctico del dinero del que no tiene el derecho.
El deber sagrado de todo banquero es cuidar el ahorro del ahorrador y devolverlo cuando lo solicite el ahorrador, porque no es dinero de los banqueros.
Los banqueros que detengan el dinero del ahorrador son bandidos y no pueden seguir siendo banqueros. Eso dice la ley de Colombia y todas las del mundo”.
El disgusto de Petro contra el Consejo de Estado fue por frenar la orden que dio sobre el traslado de $25 billones de los fondos privados de pensión a Colpensiones. También lanzó pullas a la fiscal Luz Adriana Camargo por negarse a suspender órdenes de captura a cabecillas del Clan del Golfo.