Se empiezan a conocer las primeras consecuencias del fuerte choque que se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el poder Judicial. Situación que escaló luego de que recibió dos golpes medidas de su Gobierno.
Uno de ellos por parte del Consejo de Estado, el cual ordenó suspender definitivamente el traslado de $ 25 billones de los fondos privados de pensión a Colpensiones; el otro traspiés fue por parte de la Fiscalía, que no suspendió las ordenes de captura a peligrosos cabecillas del Clan del Golfo.
Ese panorama motivó que Petro publicara en sus redes sociales una andanada de mensajes denunciando que los magistrados del Consejo de Estado habrían incurrido en el delito de “prevaricato”. Postura que generó un fuerte rechazo institucional, rodeando las decisiones de la rama Judicial.
Sin embargo, el jefe de Estado tomó la primera decisión por esa crisis que estalló con la rama Judicial y la explicó en un mensaje en su cuenta de X: “El pueblo de Colombia debe pedir protección por sus derechos fundamentales, primero a la Corte Constitucional y a la justicia del mundo si intentan socavarlos por defender bandidos que se quieren quedar con el ahorro del pueblo trabajador”.
“He citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales, para que se inicie la investigación respectiva. Los intervinientes en el delito de prevaricato que establece que si por decisión de funcionario público escrita se viola con evidencia la ley y quiénes retengan ahorro de los pensionados serán denunciados ante la autoridad competente”, insistió Petro.
Además, indicó: “Es la ley y la Constitución y debe respetarse y cumplirse. El Gobierno solo aplica lo que la Constitución y la ley dicen explícitamente. Ningún poder público debe construir mantos de impunidad”.
Y en otro mensaje, el jefe de Estado le salió al paso a las críticas que ha recibido por mencionar el delito de “prevaricato”: “Pascual, el delito lo define la autoridad competente pero el presidente como funcionario público tiene la obligación al observar la comisión de un delito de denunciarlo”.
“En mi convicción personal el magistrado que violenta la ley al impedir el traslado del ahorro pensional de 25.000 recientes pensionadas y pensionados, porque se trasladaron libremente a Colpensiones, comete el delito de prevaricato, y los banqueros que impidan el traslado de los ahorros que pertenecen a los pensionados cometen delitos financieros”, concluyó Gustavo Petro.