Un esquema de seguridad, compuesto por cinco camionetas blindadas y tres motos de la Policía, ingresó este jueves a la cárcel La Picota, hacia las 9:10 de la mañana. Según la información obtenida por SEMANA, en los vehículos se encontraba la primera dama, Verónica Alcocer.
Este hecho noticioso, de interés público para las audiencias, fue registrado en vivo por el periodista Javier Barragán, de SEMANA.
Sin embargo, tras grabar el suceso, en el espacio público, en los alrededores del centro penitenciario, un integrante de la Policía se acercó al reportero y le manifestó que no podía grabar ese ingreso.
Posteriormente, un funcionario de seguridad de la Presidencia, adscrito al esquema de Verónica Alcocer, requirió el carné de prensa al reportero y le solicitó sus datos personales para verificar qué se encontraba haciendo en el lugar. El periodista se sintió intimidado por desarrollar su labor profesional.
Una hora después, tras verificar la identidad del periodista, que exigía respeto por su oficio y la libertad de prensa en Colombia, le fueron devueltos sus documentos.
A raíz de este hecho, SEMANA se comunicó con un representante de la oficina de prensa de la primera dama, quien lamentó lo ocurrido y manifestó que escaló la situación para evitar que se repita.
Este jueves, luego de esta obstrucción al trabajo periodístico de SEMANA, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se contactó con el reportero Javier Barragán para documentar el caso.
La visita de Verónica Alcocer a La Picota ha generado interrogantes en la opinión pública. La precandidata presidencial Vicky Dávila denunció que Alcocer visitó La Picota, donde se reunió con peligrosos criminales que pagan allí sus condenas por toda clase de delitos. Debido a ello, se restringió el ingreso de vehículos dispensadores de artículos, víveres u otros elementos externos.
Tampoco se permitió la entrada de abogados, visitantes, actividades eclesiásticas, educativas, entre otras, hasta la 1:30 de la tarde.
Vicky Dávila advirtió que esa visita de Alcocer al centro penitenciario recuerda al llamado pacto de La Picota, en el que supuestamente se habrían hechos alianzas con presos, en medio de la campaña presidencial de 2022, para ofrecer beneficios a cambio de respaldar al entonces candidato Gustavo Petro.