El paso de Bernardo Camacho como agente interventor de Nueva EPS, entre 2024 y 2025, le dejó millonarias multas por los fallos de tutela y desacatos que perdió durante el periodo en el que llevó las riendas de la EPS con más usuarios del país.
Su nombre y el de Nueva EPS quedaron registrado en las oficinas de Cobro Coactivo de la Rama Judicial. En medio de su administración, él fue objeto de multas por 2.117 millones de pesos, solo durante el periodo comprendido entre enero y julio de 2025.
Como si fuera poco, los procesos de multas por incidente de desacato a fallos de acción de tutela que la justicia determinó en contra del representante legal, Luis Fernando Bernal, significaron alrededor de 196 millones de pesos.
Esas cifras fueron confirmadas en la respuesta a un derecho de petición del Consejo Superior de la Judicatura al que tuvo acceso SEMANA, en el que la Rama Judicial entregó información a una de las demandantes del proceso, Patricia Riveros, en medio de la diligencia que se surte contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Si bien los procesos de desacato se imparten contra las personas naturales, es decir, los funcionarios públicos que incurrieron en irregularidades, y no contra las personas jurídicas, los millonarios pendientes económicos que recaen contra Camacho dejan ver las posibles irregularidades que habría tenido su administración.
Él, sin embargo, no ha cancelado esos pagos, porque el valor de las multas es superior al patrimonio que declaró al asumir el cargo. En otros términos: para la justicia está claro que él no tendría los recursos necesarios para responder por esos montos. SEMANA intentó comunicarse con Camacho desde la tarde del viernes, 24 de abril, pero al momento de la publicación de este informe, no se había recibido su respuesta.
La cuestión sobre las irregularidades en las que habría incurrido durante su administración de la Nueva EPS no es menor. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está siendo investigado por congresistas de la Comisión de Acusación por el nombramiento de Camacho como superintendente de Salud, el cargo que tuvo después de ser agente interventor.
Las reuniones de Jaramillo
Es inusual que esa instancia indague a un ministro del gabinete. Sin embargo, Jaramillo nombró a Camacho para ese rol cuando ejerció como presidente encargado, debido a un viaje internacional de Gustavo Petro y en un contexto en el que ya se conocían los cuestionamientos a su gestión. Esa encargatura fue motivo suficiente para que fuera llamada a rendir cuentas ante esa instancia.
Los polémicos nombramientos en el sector salud hicieron que para el caso de Nueva EPS se designara a una superintendente ad hoc, Luz María Múnera, ya que Camacho no podía ser juez y parte en las pesquisas sobre la crisis de la EPS que supera los 11,5 millones de afiliados. El exsuperintendente renunció a ese cargo a mediados de abril, cuando al Gobierno le quedan menos de cuatro meses y en un escenario en el que la Superintendencia tiene a cargo a casi la mitad de los usuarios del sector salud.
Las movidas no terminan ahí. Antes de dejar la Superintendencia, Camacho fue partícipe de las reuniones con agentes interventores que citó el ministro de Salud para encontrarse con él, a puerta cerrada, en el edificio del Ministerio.
Entre enero y marzo de este año se llevaron a cabo nueve encuentros en las instalaciones de esa cartera, en las que se convocó a los agentes encargados de Nueva EPS, Famisanar, Capresoca, Asmet Salud, Coosalud, Emssanar, Savia Salud y el Servicio Occidental de Salud EPS-SOS.
Las reuniones se celebraron en la sala de juntas del despacho del ministro y en estas se les pidió a los agentes informar sobre el flujo de recursos, la contratación de servicios con la red pública, la compra de medicamentos, el estado de las PQR y los indicadores de las EPS.
Camacho ya está fuera de la Superintendencia y lejos de todo poder de decisión sobre Nueva EPS. La responsabilidad recaerá ahora sobre Daniel Quintero, el excandidato presidencial y exalcalde de Medellín que tendrá en sus manos a las EPS intervenidas durante solo tres meses.