El presidente Gustavo Petro confirmó, durante su más reciente consejo de ministros, que Colombia fue descertificada en su lucha contra el narcotráfico por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
En el momento que Petro hizo el anuncio, desde La Casa Blanca no se había publicado el documento oficial. Sin embargo, ya se tiene la certeza de que es una descertificación condicionada y que en 10 meses el panorama puede cambiar para el país, siempre y cuando el Gobierno colombiano haga los esfuerzos necesarios.
Como era de esperarse, todos los sectores políticos están reaccionando a la noticia, pero llamó la atención la postura del expresidente Ernesto Samper, quien aseguró que “la descertificación no es el fin del mundo”.
Causa curiosidad la afirmación del exmandatario porque la última vez que Colombia fue descertificada en la lucha contra las drogas fue durante el mandato de Samper (1996), y en medio de un escándalo político lo suficientemente documentado en su momento, el proceso 8.000.
Aquella decisión se tomó en marzo de 1996 al considerar Colombia era el mayor exportador de cocaína y no estaba haciendo lo suficiente para luchar contra el narcotráfico.
Todo eso ocurrió en medio de la investigación que se conoció como el proceso 8.000, en el que se investigó a Ernesto Samper por señalamientos de haber recibido financiación de narcotraficantes para su campaña presidencial.
Por esa razón, llama la atención la postura que tomó Samper al conocer esta noticia y al querer restarle importancia.
“Nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro. Y de volver a exigir a los países consumidores como Estados Unidos y muchos de Europa que cumplan con su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes. Precisamente en momentos en que ha bajado el consumo de drogas de origen vegetal se están sintiendo los efectos devastadores de drogas sintéticas, como el fentanilo y otros estupefacientes que no producimos”, dijo Samper.
Según el exmandatario, la decisión de Estados Unidos es “ilegal, política y regresiva” ya que, a su juicio, ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro o a sus nacionales. “Solamente la Organización de las Naciones Unidas puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad”, dijo el expresidente.
En el comunicado que publicó, Samper asegura que es una decisión política, ya que Estados Unidos “siempre la utiliza para castigar a países que se consideran enemigos. Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vida, institucionales, la descertifican cada vez que el Gobierno de Colombia aparece como enemigo del Gobierno de Estados Unidos”.
Finalmente, el expresidente asegura que la decisión es regresiva porque afectará a Colombia en materia social y humanitaria: “Esta decisión coincide con la finalización de los programas de USAID en Colombia, que apoyaban iniciativas como la sustitución social y voluntaria de cultivos ilícitos en manos de miles de campesinos, política que debería impulsarse con mayor vigor”.
Como se ha hecho público en las últimas semanas, el país disminuyó en más del 90 % la erradicación de cultivos. Y la aspersión aérea con herbicidas está prohibida desde el año 2015 por la Corte Constitucional.
Con esos resultados, el Departamento de Estado asegura que ha designado a Colombia “como un país que ha fallado de manera demostrable en cumplir con sus obligaciones en materia de control de drogas”.