La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, volvió a cuestionar a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Este jueves, 1 de octubre, la dirigente política de derecha hizo una comparación entre los recursos que la JEP le entregó a la Organización de las Naciones Unidas para que las FARC adelanten los proyectos que les permitan cumplir sus sanciones por secuestro, reclutamiento forzado y otros delitos, y los dineros que entregó el grupo armado para reparar a sus víctimas.
“Gracias a la JEP, los colombianos terminamos pagándole $30.000 millones al PNUD (ONU) para implementar los proyectos productivos que deben desarrollar las FARC como parte de sus sanciones propias”, explicó Posada a través de sus redes sociales.
Es decir, según la senadora, “del bolsillo de las familias trabajadoras salieron los recursos con que el secretariado de las Farc está cumpliendo sus penas restaurativas, sin un solo día de cárcel y viajando por Colombia para realizar actividades lúdicas”.
En otras palabras, “las víctimas financiando a los victimarios. Lo más increíble es que a corte de enero de 2026, las Farc solo habían entregado bienes por $46.194 millones”.
Recordó que la Contraloría General advirtió que ese grupo armado no entregó el 81.8 % de los inmuebles y el 96.5 % de los muebles que se comprometieron a dar.
“A esto se suma que Forbes en 2014 estimó la fortuna de las Farc en US$600 millones. De hecho, entre los contratos para garantizar la defensa jurídica de las Farc ($40.365 millones) y el convenio con el PNUD para implementar las medidas restaurativas ($30.000 millones), los colombianos hemos gastado más que todo el dinero que entregaron las Farc a las víctimas ($46.194 millones)”.
Al final, la senadora remató: “No hay derecho a que la Justicia Especial para la Paz propicie esta ofensa a los colombianos con recursos de los contribuyentes”.
Posada ha seguido de cerca la contratación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Esta semana, por ejemplo, reveló los nexos entre la JEP y la ONU y aseguró haber entendido, según ella, por qué la segunda ha salido en defensa de la primera en medio de la crisis que enfrenta el tribunal de justicia transicional.
“¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis (…)”, escribió textualmente en su cuenta oficial de X.
Entre 2018 y 2026, según Posada, la Jurisdicción Especial para la Paz firmó 22 convenios de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “que nos han costado a los colombianos $182.120 millones”.
“La ONU, por transparencia, debió informar a la opinión pública que tenía un evidente conflicto de intereses al solicitar que no se disminuyeran los recursos de la JEP”, agregó.
Además, afirmó: “Para suavizar las cifras, en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar $132.943 millones, pero casi siempre en especie. Es decir, el costo real lo terminaron asumiendo los contribuyentes”.
La JEP, a juicio de María Clara Posada, “debería ser más inteligente y no pedirle respaldo a su megacontratista favorito”.