La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, no para sus investigaciones sobre la contratación de la Justicia Especial para la Paz.
Este martes, 29 de septiembre, la congresista reveló nuevos hallazgos en el tribunal de justicia transicional que nació tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc.
“El derroche de la JEP en contratos de arrendamiento no para”, opinó Posada.
E informó que, además de haber contratado el edificio Torre Squadra por $160.005 millones entre 2017-2026, incluidos los primeros contratos suscritos por el Fondo Colombia en Paz, “en 2024 la JEP contrató una segunda sede por $10.730 millones entre 2024-2026″.
Posada añadió: “Recordemos que la Agencia Virgilio Barco justificó la elección de Torre Squadra en 2017 porque la JEP debía funcionar en una sola sede, razón por la que descartaron otras opciones más baratas que incluían varios edificios. Pero, en últimas, eso terminó pasando”.
La JEP —según contó la senadora— “argumentó que su planta de personal había crecido a 1.455 personas en 2024, por lo cual debían ubicar los 402 cargos sobrantes de la Unidad de Investigación en otra sede”.
Dijo que en 2017, cuando la Agencia Virgilio Barco seleccionó Torre Squadra, proyectó una nómina de 1.057 personas.
“Esta es una dinámica perversa con los recursos públicos: dispararon la nómina para justificar la contratación de una nueva sede. Para haber terminado fraccionados, se hubiera podido elegir desde el inicio una sede principal más barata y distribuida en varios edificios, como ocurre con gran parte de las entidades del Estado. Y aun así tienen el descaro de poner el grito en el cielo por un recorte de $170.000 millones para 2027″, denunció.
María Clara Posada ha sido la congresista que más hallazgos contractuales ha encontrado contra la JEP.
Este lunes, por ejemplo, contó a través de sus redes sociales que en 2017 el gobierno de Juan Manuel Santos y la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco seleccionaron el edificio de la JEP, sobre la carrera Séptima con calle 63, porque estaba amoblado y no requería inversión en dotación de muebles, instalaciones, a diferencia de otras opciones de valor similar.
Sin embargo, “en 2019 la JEP gastó $3.337 millones contratando el mobiliario necesario para las salas de audiencias”.
Ante esto, Posada preguntó: “¿Por qué la Agencia Virgilio Barco no tuvo en cuenta los costos de dotación de las salas de audiencia? Si se hubieran incluido estos costos, ¿Torre Squadra hubiera seguido siendo la mejor opción?”.
Posada contó que detrás del dueño y administrador de Torre Squadra hay 18 empresas del mismo grupo familiar, 13 de las cuales están registradas en Delaware, Islas Vírgenes Británicas y Panamá. “¿Los recursos del millonario contrato de arrendamiento terminaron en presuntos paraísos fiscales?“.
Precisó que en 2017 el Fondo Colombia en Paz realizó el primer contrato de arrendamiento para la sede de la JEP, que acababa de ser creada. “Su directora era Gloria Lucía Ospina y le encomendó a la Agencia Virgilio Barco seleccionar el edificio. La Agencia, dirigida entonces por Claudia María Luque, solamente negoció con Torre Squadra el valor del inmueble, logrando una reducción del precio inicial, pero no hizo lo mismo con las otras opciones que estaban sobre la mesa. En parte, porque Torre Squadra no requería gastos de dotación”.