La senadora María Clara Posada denunció una situación que, según dijo, se estaría presentando tras la decisión del Gobierno nacional de realizar un recorte de unos 170.000 millones de pesos al presupuesto de la JEP, medida consignada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, aprobada en las comisiones del Senado y la Cámara y que avanza en su trámite legislativo.
La congresista aseguró haber sido informada de que funcionarios de la JEP estarían presionando a los comparecientes pertenecientes a la Fuerza Pública para que soliciten a la CIDH la adopción de medidas cautelares, con el fin de impedir el recorte presupuestal.
“Cabe recordar que este recorte no es exclusivo del Tribunal, sino transversal a todas las entidades del Estado, en el marco de la grave situación fiscal que atraviesa el país”, precisó la congresista.
También añadió que los funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz estarían diciéndoles que, de confirmarse el recorte, la JEP no podría funcionar y sus casos pasarían a la jurisdicción ordinaria sin las reglas especiales de la justicia transicional.
“De confirmarse esta situación, se configuraría una instrumentalización inadmisible de soldados y policías por parte de un tribunal que los equiparó con el terrorismo y que no les respetó la garantía del juez natural”, precisó Posada.
También rechazó la versión según la cual la JEP no podría seguir funcionando con el recorte y aseguró que con la medida “sencillamente tienen que dejar de vivir como reyes y quitar los excesos”.
“Para cubrir los $170.000 millones del recorte, sencillamente necesitan recortar en 10 % el gasto de nómina y personal supernumerario. Ahí liberan $40.637 millones. También deben recortar en 50 % los gastos de adquisición de bienes y servicios, con los que liberan $89.078 millones. También deberían recortar en 50 % los gastos suntuosos financiados con recursos de inversión (contratistas, viajes, viáticos, publicaciones, etc.), con los que liberan $41.082 millones”, precisó.
