Las víctimas de las Farc señalan que el presidente de la Justicia Especial para la Paz, Alejandro Rameli, podría estar sobrepasando sus funciones. Esto no solo por hacer lobby con partidos políticos, sino también porque, en un correo electrónico enviado a militares acusados de falsos positivos, incluyen un formato para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tanto el lobby como el formato de solicitud de medidas cautelares hacen parte de la campaña que adelanta la JEP tras la advertencia del Gobierno nacional de reducir el presupuesto de esa jurisdicción, no solo por la falta de resultados en estos ocho años de funcionamiento, sino porque no han dado respuesta en qué se gastaron más de 4 billones de pesos.
El correo contiene unas “recomendaciones”, un formato para completar con los datos de identificación, generales de ley y, en adelante, toda la argumentación necesaria para explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por qué se requieren dictar unas medidas cautelares que garanticen, de acuerdo con el correo electrónico, “la protección de las garantías judiciales, la protección judicial de la integridad personal y la seguridad jurídica de los comparecientes”.
Resulta particularmente curioso y, de acuerdo con las víctimas de las Farc, insólito, que la Jurisdicción Especial para la Paz esté acudiendo a los militares que procesó por falsos positivos para tratar de buscar apoyo y evitar la reducción del presupuesto, pero, sobre todo, que esa jurisdicción prorrogue su existencia más allá de los 10 años.
“XXXXXXXXX actuando en nombre propio, respetuosamente acudo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —en adelante, la CIDH o la Comisión— para solicitar la adopción de medidas cautelares individuales a mi favor, de conformidad con el artículo 25 de su Reglamento y con el objeto de prevenir un riesgo grave, urgente y susceptible de ocasionar un daño”, así arranca el documento que compartió la JEP a través de correo electrónico.
Lo insólito es que en todo el documento se habla en primera persona, a pesar de que quienes redactaron no son justamente quienes lo firman. Es decir, los militares procesados por la JEP, sin solicitarlo, recibieron la notificación de acompañar unas medidas cautelares ante esta instancia internacional y firman el formato con los argumentos redactados en una oficina de esa jurisdicción.
“Mi pretensión URGENTE es una intervención cautelar destinada a impedir que decisiones actualmente en trámite produzcan un deterioro institucional capaz de afectar de manera concreta e irreversible los derechos de quienes, como yo, ya se encuentran sometidos a la jurisdicción transicional y han cumplido obligaciones dentro de ella”, explica el documento.
Además del documento, el correo electrónico, el lobby con algunos partidos políticos y la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, están convocando a esos militares procesados a un desayuno de trabajo, este jueves en el Congreso de la República, supuestamente para explicar los avances de esta jurisdicción.
Para las víctimas de las Farc es claro que la JEP está desesperada tratando de mostrar los resultados que no tiene y que debió cumplir en los ocho años que llevan de funcionamiento, con una enorme, millonaria carga para la nación. Arriendos, contratos de prestación de servicios, nóminas y eventos, un presupuesto que requieren otras entidades como la Fiscalía.