La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atraviesa, quizá, uno de los momentos más complicados desde que comenzó a operar. Ocho años después de su puesta en marcha, enfrenta a un Gobierno que llegó al poder cuestionando el funcionamiento de ese tribunal que se creó para las Farc.
Además, lidia con sectores del Congreso que ahora buscan reducir sus recursos y limitar su permanencia, así como con una discusión cada vez más incómoda sobre si los resultados alcanzados justifican mantener durante más tiempo una estructura que consume cientos de miles de millones de pesos del presupuesto nacional.
El primer campanazo llegó por el presupuesto. Las comisiones económicas del Senado y la Cámara aprobaron en primer debate el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027, que contempla una reducción de 170.000 millones de pesos para la JEP. De ese monto, 140.000 millones corresponden a inversión y 30.000 millones a funcionamiento. La propuesta todavía debe ser discutida y votada por las plenarias antes de convertirse en ley.
Desde la JEP, la lectura es completamente distinta. Su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, sostiene que el recorte dejaría a la jurisdicción prácticamente sin capacidad operativa. Otros magistrados han advertido que la reducción afectaría audiencias territoriales, seguridad de víctimas y comparecientes y el cumplimiento de las decisiones judiciales. La pelea presupuestal, sin embargo, es apenas una parte de la historia.
La pregunta que incomoda: ¿cuánto cuesta la JEP?
Las cifras utilizadas por sus críticos dirigen la atención hacia la estructura de gasto de la jurisdicción. La senadora María Clara Posada ha cuestionado públicamente las partidas relacionadas con contratación, viajes, viáticos, arrendamiento y servicios. Sus señalamientos están acompañados de documentos financieros, contratos y registros que ha divulgado para sustentar su revisión del gasto.
De acuerdo con las cifras expuestas por Posada, entre 2020 y 2026 la jurisdicción ha recibido 3,8 billones de pesos y, si se aprobara el presupuesto que actualmente solicita, el acumulado ascendería a 4,5 billones.
En esa cifra se concentra una parte sustancial de la discusión que hoy enfrenta a la JEP con sectores del Congreso que cuestionan el nivel de recursos que demanda su operación.
El desglose de algunos gastos añade otra dimensión a la controversia. Según las cifras del mismo tribunal que consiguió la congresista, la nómina de la JEP alcanza 477.404 millones de pesos, mientras que el arriendo de su sede principal, en Chapinero, habría significado 114.201 millones entre 2020 y febrero de 2026. El inmueble, conocido como Torre Squadra, tiene una historia particular.
Pero hay un dato que explica mejor la magnitud de los costos. En una escritura pública de 2020 quedó registrado un valor de construcción de aproximadamente 20.975 millones de pesos.
Posada utiliza la distancia entre ambos valores para cuestionar la decisión de mantener el inmueble bajo un esquema de arrendamiento y ha pedido explicaciones sobre los estudios técnicos y financieros que llevaron a escoger esa alternativa. Ese mismo escrutinio se trasladó a los viajes. “Con ese dinero se construyen hasta cinco edificios de las mismas características”.
Por otro lado, los documentos financieros conocidos por el Congreso muestran que la JEP ha desembolsado 32.472 millones de pesos en viáticos y gastos de viaje para sus funcionarios y contratistas. Solamente entre 2022 y 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro, este último rubro creció 191 por ciento.
“El turismo judicial de este Tribunal, a nivel nacional e internacional, le ha costado al país 56.435 millones de pesos entre 2020 y 2026 e incluye destinos como Miami, Milán, Sevilla, Madrid, Denver, Chicago, Catania, Houston, Barcelona, Antofagasta y París”, declaró Posada.
La JEP, por su parte, ha explicado en sus informes de austeridad que los desplazamientos forman parte de su labor misional. La entidad sostiene que su trabajo requiere presencia territorial para atender diligencias, órdenes judiciales, víctimas y comparecientes, y que el aumento de algunas comisiones está relacionado con la evolución de los macrocasos.
Pocos resultados
La discusión más difícil para la JEP, sin embargo, no está en el edificio ni en los tiquetes. Está en los resultados. Las bancadas de derecha en el Congreso aseguran que después de ocho años todavía no existe un balance suficientemente contundente que permita justificar la continuidad de una jurisdicción concebida como transitoria.
En el Legislativo incluso se han puesto bajo la lupa las cifras de decisiones producidas por el tribunal y la manera como la entidad presenta sus resultados.
Pese a que el registro de sentencias producidas por el tribunal no supera las 21 y, solo cuatro están en firme, la JEP reporta miles de víctimas acreditadas, comparecientes sometidos a la jurisdicción y procesos que todavía avanzan en diferentes etapas.
Su modelo tampoco funciona exactamente como el de la justicia ordinaria. Prioriza y selecciona casos, y contempla sanciones propias, alternativas y ordinarias dependiendo del comportamiento procesal de los responsables.
Las explicaciones de Ramelli y los otros magistrados sobre los “escuetos” resultados no eliminan el problema que plantean sus verdugos en el Congreso. Una jurisdicción transitoria también tiene que responder cuánto ha costado, qué ha producido y cuánto falta para cumplir el mandato que recibió. Y esa cuenta se vuelve más importante cuando el país enfrenta restricciones fiscales y el Congreso debe decidir qué entidades reciben más o menos recursos.
El futuro
El segundo frente es todavía más profundo. El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, radicó un proyecto de acto legislativo para impedir que la JEP extienda su funcionamiento más allá de los diez años iniciales y plantea que su periodo termine en 2028. La iniciativa también contempla qué ocurriría con los procesos que permanezcan abiertos.
El artículo 34 de la Ley 1957 señala un primer periodo de diez años para la presentación de acusaciones y un periodo posterior de cinco años para concluir la actividad jurisdiccional. Ese último plazo puede ser prorrogado una única vez mediante ley estatutaria. El límite máximo previsto por la norma es de 20 años.
Precisamente eso es lo que el proyecto de Gómez pretende cambiar. Su apuesta es convertir el primer plazo en un límite improrrogable.
El senador calcula que mantener la jurisdicción durante cinco años adicionales tendría un costo cercano a 6,2 billones de pesos entre 2027 y 2032 y sostiene que esos recursos deberían ser destinados a la justicia ordinaria. La iniciativa, por ahora, apenas comienza su recorrido legislativo.
Desde la dirección del tribunal, la preocupación es evidente. Ramelli ha cuestionado que las decisiones presupuestales y las propuestas de modificación terminen afectando la autonomía de una jurisdicción creada constitucionalmente.
Los sectores que impulsan los cambios sostienen, en cambio, que la discusión no puede reducirse a la defensa de la autonomía institucional y que la JEP también debe responder por la eficiencia con la que administra los recursos públicos y por la duración de un mecanismo que nació con carácter excepcional.
El punto de quiebre
La JEP fue concebida para administrar justicia frente a hechos relacionados con el conflicto armado anteriores al primero de diciembre de 2016. No nació para reemplazar permanentemente a la justicia ordinaria. Su carácter transitorio hace que, desde su creación, la pregunta sobre su fecha de cierre haya estado incorporada al diseño institucional.
Por un lado, el Gobierno y congresistas que cuestionan la jurisdicción tienen argumentos concretos: el costo de mantener una estructura especializada, el aumento de determinadas partidas, la necesidad de priorizar el gasto público y la discusión sobre cuánto tiempo debe permanecer funcionando una justicia que fue creada como transitoria.
Por el otro, la JEP advierte que todavía tiene procesos en curso, víctimas y comparecientes que requieren garantías y decisiones judiciales pendientes. Su argumento es que reducir de manera drástica los recursos antes de terminar esas tareas puede afectar el cumplimiento de su mandato.
La respuesta a esos planteamientos tendrá que salir de tres escenarios. El trámite del presupuesto definirá cuánto dinero tendrá la JEP en 2027. El proyecto de acto legislativo determinará si existe una posibilidad real de modificar su horizonte. Y las demás iniciativas que buscan revisar sus competencias podrían alterar la manera en que se tramitan algunos procesos que están bajo su jurisdicción.
La JEP enfrenta simultáneamente la discusión sobre su presupuesto, su duración y sus competencias. Y, por primera vez en varios años, las tres discusiones están ocurriendo al mismo tiempo y con un ambiente que se convierte en el caldo de cultivo para una reforma casi que inevitable.