La hidrólisis alcalina, una alternativa a la cremación y al entierro tradicional, llegó a segundo debate en el Senado de la República. La discusión se produce después de que el Ministerio de Salud expidiera la Resolución 717 del 21 de abril de 2026, que incorporó requisitos sanitarios para implementar este procedimiento en Colombia.
La iniciativa tuvo un pleno respaldo en la Comisión Séptima del Senado donde fue aprobada sin problema alguno, pero en la plenaria hay algunas dudas por lo que su trámite se ha retrasado. Incluso se ha pedido la creación de una mesa técnica para resolver las dudas.
La senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, quien solicitó este espacio, aseguró que la plenaria aprobó su petición y que está a la espera de la conformación para tener conceptos finales.
“La finalidad de esta mesa técnica es resolver las inquietudes que todavía existen sobre la implementación de la hidrólisis alcalina en Colombia y establecer si el país cuenta con las condiciones sanitarias, ambientales y regulatorias necesarias para su aplicación”, dijo la senadora.
Agregó: “Queremos escuchar a las entidades competentes, especialmente a los ministerios de Salud y Ambiente, para determinar con claridad cuáles serían sus responsabilidades, cómo se controlarían los vertimientos y qué garantías existirían en materia de salud pública, ubicación de las instalaciones y trazabilidad de los restos humanos”.
Justamente el Ministerio de Ambiente, en cabeza del ministro Fabio Arjona, emitió concepto desfavorable frente al Proyecto de Ley 224 de 2025 Senado, conocido como ‘Ley Despedida Ecológica’, que busca incorporar la hidrólisis alcalina como alternativa funeraria para la disposición final de cadáveres.
La principal objeción de MinAmbiente es que el articulado crea obligaciones que ya estarían contempladas en la normativa vigente. Según el concepto, las reglas sobre vertimientos, uso del agua y control de olores ya tienen instrumentos específicos, entre ellos el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 631 de 2015. Por eso, considera innecesario imponer nuevas cargas al Ministerio para definir condiciones que ya están reguladas.
Sin embargo, en el Senado aseguran que los conceptos no son vinculantes y que será la mesa técnica la que decida el futuro de la iniciativa y que, además, se están esperando los conceptos del Ministerio de Salud, de Medicina Legal y otras entidades para analizar la hidrólisis.
“Nuestro propósito no es dilatar la discusión, sino garantizar que el Congreso tome una decisión responsable, sustentada en evidencia técnica y con reglas claras para su implementación”, reiteró la senadora Hurtado.
Esta tecnología, según los promotores, se utiliza en 25 países y en Colombia ya se aplica en mascotas.
Uno de sus principales atractivos sería el costo porque según las estimaciones expuestas, un entierro podría costar entre 30 y 35 millones de pesos; una cremación alrededor de 8 millones y la hidrólisis tendría un valor cercano a un millón de pesos.
Pero para la senadora Hurtado la incorporación de esta tecnología debe ser estudiada a fondo y no tomar decisiones basadas en términos económicos.
“Debemos establecer si contamos con la infraestructura, la capacidad institucional y las condiciones ambientales y sanitarias necesarias para garantizar una operación segura”.
Agregó: “En ese sentido, considero fundamentales cuatro aspectos: el tratamiento adecuado de los vertimientos, la ubicación de las instalaciones, la trazabilidad de los restos humanos y la articulación con las normas que ya existen en el país.
También es partidaria de que se deben esperar los conceptos técnicos del Ministerio de Salud porque se está hablando de una actividad que involucra directamente la salud pública y el manejo de restos humanos.
“No se trata de cerrarles las puertas a nuevas tecnologías, sino de abrirlas con responsabilidad. Si esta alternativa demuestra que puede operar con seguridad, bajo controles rigurosos y con beneficios verificables para el país, debe poder avanzar. Pero primero tenemos que resolver las dudas que hoy existen”.
Así mismo explicó que la mesa técnica servirá para resolver las dudas sobre la protección de la salud pública, el impacto ambiental y la capacidad del Estado para ejercer una vigilancia efectiva sobre esta tecnología.
“Uno de los asuntos que requiere mayor claridad es el tratamiento de los líquidos resultantes del proceso químico y las condiciones bajo las cuales podrían ser vertidos al sistema de alcantarillado. También debemos revisar dónde podrían funcionar estas instalaciones, especialmente cuando se trata de zonas residenciales o cercanas a instituciones educativas y hospitalarias”.
Así mismo cree que la advertencia del Ministerio de Ambiente se debe analizar ya que hay posibles duplicidades normativas, falta de claridad en las competencias de las autoridades y dificultades para aplicar algunos de los instrumentos de control contemplados en el proyecto.
“Considero que estas observaciones deben estudiarse con rigor. No porque provengan del Gobierno debemos aceptarlas sin discusión, pero tampoco sería responsable desconocer los argumentos técnicos de una autoridad competente”.
Sus defensores sostienen que evitar la combustión directa puede reducir las emisiones asociadas a la cremación. Sin embargo, el balance ambiental también depende del consumo de agua y energía, los insumos químicos y el tratamiento de los vertimientos.
La Resolución 717 exige cumplir las normas ambientales aplicables y controlar los efluentes resultantes. Por eso, la afirmación de que es la alternativa de menor impacto debe evaluarse con estudios comparativos y datos verificables.
La Cámara Exequial, integrada por grandes parques cementerios, cuestiona la vía normativa utilizada y sostiene que la incorporación de esta tecnología requiere respaldo legal. Por otro lado, los promotores consideran que la discusión también responde a intereses económicos: “Ellos también, todos los parques cementerios, pueden implementar la planta, incluirla dentro de su portafolio”. A su juicio, ampliar las opciones permitiría a las familias elegir según sus posibilidades y creencias.
Esta discusión tendrá que darse en los próximos días, pero la apuesta de los congresistas es que antes de finalizar el año el tema esté resuelto.