Una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar fue presentada ante el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá contra el decreto distrital que incrementó la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) hasta los $3.550.
La acción judicial cuestiona la legalidad y la justificación técnica del aumento, al considerar que se trata de una decisión que afecta de manera desproporcionada a los sectores con menores ingresos.
Según la representante a la Cámara por Bogotá, del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y el concejal de la ciudad, José Cuesta Novoa; el decreto expedido el 13 de enero de 2026 carece de un sustento técnico y social suficiente.
Aunque la administración distrital menciona variables como la inflación, el salario mínimo y los costos operativos del sistema, la demanda sostiene que no existe una explicación clara, verificable y proporcional que permita entender cómo esos factores derivan en el valor final del pasaje.
El documento también señala que no se presentaron estudios públicos completos ni se garantizó la transparencia necesaria para respaldar la decisión.
En ese sentido, se advierte que el incremento tarifario implica una nueva carga económica para los usuarios de un servicio considerado esencial para el acceso al trabajo, la educación y otros derechos básicos.
Además, la demanda cuestiona que el Distrito no haya evaluado alternativas menos gravosas, como el uso del Fondo de Estabilización Tarifaria, la mejora en la eficiencia operativa del sistema o una mayor focalización de los subsidios. Para los accionantes, el aumento del pasaje fue la opción más inmediata, pero no necesariamente la más justa ni la más sostenible.