Cuando los colombianos por fin empezaban a ver la luz al final del túnel frente a la construcción del Metro de Bogotá, la megaobra, tal como ha ocurrido una y otra vez, parece estar quedando nuevamente en el limbo.
La insistencia del presidente Gustavo Petro de reformar el proyecto para que una parte del trazado sea subterráneo, a pesar de que los estudios hechos por expertos han advertido de la inconveniencia de hacer cambios, sembró nuevamente la incertidumbre.
La situación ha llegado a tal punto que incluso desde el Gobierno Nacional, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, advirtió que si no se aceptan las modificaciones propuestas por Petro en la primera línea de esta megaobra, financiada en un 70 % por la Nación, se parará la inversión del Ejecutivo en otros proyectos en la capital.
“Es muy claro: si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”, afirmó el funcionario.
El pronunciamiento de Reyes se dio horas después de que el presidente Petro endureció su postura sobre la primera línea del Metro de Bogotá y señaló que, como está actualmente en su diseño inicial, es un “esperpento” y una “chambonada”, e insistió en que debe ser subterráneo, por lo menos en un tramo.
Estas declaraciones le han generado todo tipo de críticas al Gobierno Nacional, pero también han surgido defensores de Petro que han salido a asegurar que, efectivamente, tal como lo propone el Jefe de Estado, se pueden hacer cambios.
“Es posible hacer metro subterráneo en la Caracas, sería la mitad de toda la primera línea. Esto no es un asunto ideológico ni de capricho”, indicó el presidente de la Cámara, David Racero.
El representante del Pacto Histórico resaltó algunas de las ventajas que tendría una línea subterránea: “Se trata de escoger la mejor obra que se merece nuestra querida Bogotá. Menos traumatismo urbanístico y se impulsará la valorización”.
Los argumentos de Petro
El presidente Petro, por medio de su cuenta de Twitter, medio preferido para anunciar medidas al país, indicó que su Gobierno contrató a un grupo de abogados para conocer si era conveniente hacer cambios o no a la construcción del metro y, según reveló, la respuesta fue positiva.
Aseguró en el mensaje que publicó en esa red social que los documentos detallando los resultados de los conceptos fueron entregados por su equipo de trabajo a la Alcaldía de Bogotá y al consorcio chino encargado de la obra.
“Todos los abogados consultados por el gobierno nacional nos han dicho que el contrato del metro se puede reformar para dejar un tramo subterráneo. Los conceptos están ya en poder de contratistas y del distrito”, trinó Gustavo Petro.
El concepto que entregó la firma de abogados contratada por la Casa de Nariño señaló: “Los datos empíricos anotados permiten sostener que la posibilidad de modificar (bien sea de mutuo acuerdo o unilateralmente) el contrato de concesión en ejecución no puede ser el resultado de la improvisación, sino que debe constituir el fruto de una tarea programada y preconcebida, que permita vincular la actividad contractual de las entidades públicas dentro de las estrategias y orientaciones generales de las políticas económicas, sociales, ambientales o de cualquier otro orden diseñadas por las instancias con funciones planificadoras en el Estado, previa coordinación interinstitucional de las entidades y organismos responsables de la materia”.
“Esto se advierte como necesario y determinante si se tiene en cuenta que, tras advertir los problemas o las alteraciones del proyecto por los inconvenientes en la gestión predial del proyecto, en los efectos económicos que ello supone por construir el metro elevado, aunado a las graves afectaciones que supone la construcción del proyecto en esta modalidad para la movilidad y la normal circulación del tránsito vehicular en la ciudad, sin perjuicio de advertir que la realización de estudios serios y profundos sobre el particular dejará en evidencia los menores costos de la construcción subterránea, es del todo necesario y posible jurídicamente que la Administración proceda conforme al derecho y plantee cuanto antes la necesidad de realizar estos cambios al proyecto, so pena de afectar o desconocer las exigencias del bien común y atentar contra los postulados inherentes a la justicia distributiva, como se expuso en los párrafos precedentes”, advierte el documento.