Luego de que una investigación de Noticias Caracol revelara la infiltración de miembros de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en algunas de las instituciones de seguridad más importantes del Estado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue el primero en pronunciarse.
El jefe de la cartera de seguridad anunció una investigación exhaustiva para establecer si hubo irregularidades dentro de entidades adscritas al sector Defensa. En un extenso mensaje que publicó en su cuenta de X, Sánchez reiteró que el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública mantienen un “compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y la Constitución”.
Según afirmó, el ministro ordenó iniciar las indagaciones correspondientes “en colaboración armónica con la comunidad de inteligencia”, al tiempo que puso a disposición de la Fiscalía General toda la información necesaria para acelerar las pesquisas. “No dudaremos en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones”, puntualizó.
Sánchez fue enfático en que ninguna conducta ilegal será admitida en las instituciones militares o policiales, ni entre retirados ni en funcionarios públicos o particulares.
“Somos una institución fundada en el honor y la legalidad”, aseguró el ministro quien, además, advirtió que cualquier señal de cooperación con organizaciones criminales será tratada como una “línea roja que jamás se cruzará”.
El jefe de la cartera insistió en que actos de corrupción, traición o colaboración con estructuras delictivas serán investigados con celeridad y enfrentados con el “peso completo de la justicia”.
Además de esto, Sánchez aseguró que la transparencia y la legitimidad tanto del sector Defensa como de la institucionalidad nacional son principios no negociables, fundamentales para garantizar la seguridad del país.
En el mensaje que publicó también se refirió a alias Calarcá y alias Mordisco, jefes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, a quienes calificó como criminales y recordó que sobre ambos pesan órdenes de captura por violencia contra la población civil, reclutamiento de menores, secuestro, extorsión, minería ilegal y narcotráfico.
Aunque reconoció que Calarcá mantiene suspendida su orden de captura en el marco de la Ley 2272 (Ley de Paz Total), aclaró que esa condición “no es un salvoconducto para delinquir”. Si la Fuerza Pública detecta a cualquier individuo en flagrancia, aseguró, actuará de inmediato.
“Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo, incluyéndolo a él, en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones”, puntualizó el ministro.