Paloma Valencia mostró preocupación por un proyecto de ley que radicaron congresistas del Pacto Histórico que, según su interpretación, buscaría acabar con las empresas y la inversión extranjera en Colombia.
La versión de la senadora del Centro Democrático es que se pretendería que el Estado tenga la posibilidad de cancelar contratos de concesión minera, licencias ambientales y contratos de exploración o explotación de recursos naturales con base en “indicios fundados y no con pruebas y decisiones en firme”.
Explicó que cualquier persona con interés directo en estas iniciativas podría solicitarle al Ejecutivo estas acciones para frenar los proyectos.
Además, se pretendería sancionar a los dueños de las empresas y a las multinacionales por violaciones a los derechos humanos, “un concepto vago e indeterminado que se presta para todo tipo de arbitrariedades”, agregó Valencia.
Su argumento es que se quiere acabar con la empresa privada para que todo lo controle el Estado: “Es el comunismo por la puerta de atrás”.
¿Qué hay detrás?
Paloma Valencia detalló que: “Este proyecto quiere que el Estado persiga a los socios, administradores y beneficiarios de las empresas sin que la SuperSociedades tenga que probar que hubo la intención de defraudar a alguien, sino solo cuando haya ‘hechos verificables, múltiples o convergentes’ que evidencien un uso abusivo de la empresa”.
Para la senadora, el Gobierno podría perseguir a los dueños y directivos de las empresas por cualquier hecho que consideren malo, y cuestionó: “Imagínense a Petro o a Iván Cepeda con este megapoder”.
Ese velo corporativo se podría levantar cuando una compañía “haya sido utilizado, directa o indirectamente, para evadir, trasladar, ocultar, eludir o hacer ineficaz la responsabilidad de reparación integral derivada de graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al ambiente o a derechos colectivos”, dijo la precandidata presidencial.
“En otras palabras, el Pacto Histórico quiere que el gobierno pueda perseguir a los dueños y directivos de las empresas por hechos tan amplios que van desde talar un árbol hasta extraer petróleo. Es el fin de la inversión privada en Colombia”, agregó la líder política.
Más críticas
Otra de las pretensiones que contó Valencia es que el proyecto del Pacto Histórico buscaría que las multinacionales respondan por las “violaciones a los derechos humanos” que realicen sus filiales en Colombia, y planteó el siguiente ejemplo: “Si Adidas tala un árbol que no debía, el Gobierno podría sancionar a la matriz que está en Alemania”.
Para ella, “es algo ridículo que ninguna empresa grande va a aceptar. Es la forma de ahuyentar la inversión extranjera y expulsar la industria nacional al exterior. Sin empresa privada, abren el camino para que el Estado se apodere del mercado”.
Sus reclamos es que esta iniciativa no define con claridad qué es una “violación a los derechos humanos”, y alegó que “cualquier actividad que no le guste” al Ejecutivo de turno podría aplicarse.
“Este proyecto acabaría con el sector privado en Colombia, expulsaría la inversión a otros países y nos condenaría a décadas de atraso, desempleo y miseria. Firmado por Iván Cepeda y promovido por el Pacto Histórico, este proyecto es un abrebocas de lo que se le vendría al país si la izquierda sigue en el poder”, concluyó Valencia.