La candidata presidencial Paloma Valencia presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro y permite la actualización masiva de los avalúos catastrales en todo el país.
La norma faculta al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para realizar, por una sola vez, un ajuste automático de los valores catastrales de los predios que no hayan sido actualizados en los últimos cinco años, con el objetivo de corregir rezagos y acercar estos avalúos a la realidad económica.
Sin embargo, en el documento de la demanda, Valencia sostiene que esta disposición otorga una “competencia absoluta” a la administración sin establecer reglas claras ni procedimientos que garanticen los derechos de los ciudadanos. Según el texto, el artículo demandado vulnera el debido proceso administrativo al no permitir que los propietarios participen, controviertan o presenten pruebas frente a los nuevos avalúos.
La candidata argumenta que la medida tiene efectos inmediatos sobre la carga tributaria, ya que el avalúo catastral es la base para calcular el impuesto predial. En ese sentido, advierte que el Gobierno podría terminar definiendo, de manera indirecta, el monto a pagar por los contribuyentes sin límites previamente fijados por el legislador.
Otro de los cargos centrales de la demanda es la presunta afectación al derecho a la propiedad privada. Valencia señala que una actualización masiva y automática, sin criterios legales suficientes, puede generar incrementos desproporcionados que impacten el valor económico de los inmuebles e incluso deriven en cargas tributarias con efectos cercanos a lo confiscatorio.
Adicionalmente, el recurso cuestiona la medida por violar los principios de equidad y progresividad del sistema tributario. Según la demanda, el artículo 49 utiliza un criterio general, el rezago catastral, que no refleja la verdadera capacidad de pago de los propietarios, lo que podría generar tratamientos desiguales entre contribuyentes en condiciones económicas distintas.
Con base en estos argumentos, la candidata solicita a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma, al considerar que habilita una intervención estatal desproporcionada y sin controles suficientes sobre un aspecto clave de la tributación territorial.