SEMANA: ¿Qué ha pasado durante estos días? Ustedes el sábado confirman la muerte de unos menores de edad, pero esa cifra subió.
IRIS MARÍN (I. M.): Durante estos tres días se ha estado confirmando la identificación de los menores de edad, que es una información que tiene principalmente la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, y nuestro trabajo es acompañar a las otras instituciones, incluido al ICBF, y a la propia Fiscalía en el contacto con las familias a las que se les está informando sobre el fallecimiento de sus hijos o hijas durante este bombardeo.
SEMANA: ¿Cuál es la cifra, doctora Marín? Las Farc aseguran que son 12 y han estado distribuyendo a través de sus canales la identificación de 12 menores.
I. M.: Tenemos información sin verificar y Medicina Legal y la Fiscalía están haciendo su trabajo, pero hay unos serios indicios de que habrían muerto otros menores de edad también en bombardeos en Arauca y en Amazonas.
SEMANA: Seguramente usted ha leído todo lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre este tema, ¿está justificando los bombardeos?
I. M.: No sé si el ministro de Defensa y el presidente de la República tenían la información confirmada de que allí había menores de edad. Independientemente de eso, es absolutamente probable que así fuera, porque, pues como ustedes saben, el reclutamiento forzado ha venido creciendo en los últimos dos años.
De hecho, el grupo al que más se le atribuye, habiendo un alto nivel de subregistro, es a las disidencias de la línea de Iván Mordisco. Sabemos que sus campamentos utilizan a niños y niñas para protegerse.
SEMANA: Justamente sobre esa discusión, defensora, y con base en lo que nos está contando, se ha dicho que quienes murieron eran menores de edad, pero que estaban armados y que eran blancos legítimos. ¿Cuál es la realidad sobre esta polémica?
I. M.: Pues son tres mensajes. Aquí sí hay responsabilidades. Esto no está bien y el derecho internacional humanitario no se hizo para justificar cuáles son las posibilidades de bombardear lugares donde se encuentren niños soldados (así se les llama cuando son menores de edad que han sido reclutados). De hecho, no hay una prohibición ni tampoco una autorización explícita de adelantar acciones militares en contra de menores de edad que hayan sido reclutados. Lo que se ha interpretado en la jurisprudencia es que se convierten en combatientes si prestan funciones continuas de combate. Aquí la primera responsabilidad está en cabeza de las disidencias y particularmente de aquellas al mando de Iván Mordisco y también los otros comandantes que hacen parte y que han estado utilizando a los niños y los han puesto como soldados.
Pero esto no exime de responsabilidad a la Fuerza Pública, que al momento de hacer bombardeos tiene que aplicar varios principios del derecho internacional humanitario, principalmente el de necesidad, porque este principio de necesidad protege a los combatientes y lo que establece es que la necesidad militar sea imperiosa y no que el único medio posible sea acudir a una acción que puede generar impactos desproporcionados. Tienen que evaluarse todos los medios posibles para evitar que haya daños innecesarios en contra de combatientes, en este caso, por ser niños y niñas que han sufrido reclutamiento, pues el principio de necesidad los protege y obliga a las fuerzas armadas a evaluar todas las medidas que tenían antes de acudir a un bombardeo como estos. En todo caso, esto por debajo de cierta edad ya es inadmisible, y como decíamos en nuestro comunicado, esto está mal desde todo punto de vista. La discusión del DIH se dará y nosotros estamos participando en ella, y se dará seguramente ante los tribunales que tendrán que definir las responsabilidades penales que hay acá.
Pero nuestro llamado es a no caer únicamente en un tecnicismo de expertos que estudian el derecho internacional humanitario para concluir que se puede bombardear lugares donde se encuentran menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento. Esto me parece que es la perversión del derecho internacional humanitario.
Nosotros hemos estado verificando cada uno de los casos, identificando qué es lo que ha ocurrido en cada uno de estos niños y niñas. La mayoría de ellos no fueron reclutados en el Guaviare, sino en otros lugares. Aquí el problema no es únicamente el bombardeo, este es como el punto final de una película lamentable en la que llevamos muchos meses y muchos años en que viene recrudeciendo el actuar de los grupos armados.
SEMANA: Hace un tiempo hubo una polémica similar con el entonces ministro Guillermo Botero y se adelantó una moción de censura, incluso él renunció para evitar su salida. En este momento se está planteando otra moción de censura en contra del ministro Pedro Sánchez. ¿El ministro tiene responsabilidad en esto que pasó?
I. M.: Nosotros no nos vamos a involucrar en una decisión política del Congreso alrededor de la moción de censura, pero por supuesto, frente a la pregunta de las responsabilidades, tienen responsabilidad el presidente de la República, él mismo lo ha asumido, y el ministro de Defensa, pero no únicamente ellos, porque nosotros venimos hablando en las alertas tempranas, hablando de reclutamiento, de una serie de medidas de protección integral y desde la perspectiva de seguridad humana que requieren los territorios, incluyendo Guaviare y, particularmente, Calamar, porque es un municipio con un nivel de riesgo extremo según la alerta temprana 01 de 2025.
Entonces hay responsabilidad del ministro de Defensa al evaluar la decisión de adelantar este operativo con el presidente de la República, pero también quisiera decir que quien coordina la respuesta a las alertas tempranas, que es la mirada integral, le corresponde al Ministerio del Interior; sin embargo, también hay una política de prevención del reclutamiento que está en cabeza del Gobierno nacional.
SEMANA: ¿No le da la impresión de que a veces las instituciones del Estado desestiman las alertas tempranas?
I. M.: Sí, completamente de acuerdo. Nosotros aquí nos enfrentamos a una perplejidad y es que la mayoría de las alertas tienen un plan de acción. Es decir, si miramos, ¿se hizo el comité de seguimiento? Si se hizo, ¿se hizo un plan de acción? Sí, aquí está el plan de acción. ¿Las entidades acudieron? Sí, acudieron. Entonces hay una respuesta, pero cuando vamos a ver, no hay una respuesta de alto nivel político.
Si no hay una responsabilidad de parte o un liderazgo de parte del presidente de la República, del ministro del Interior, que es quien coordina la respuesta a las alertas tempranas, es muy complejo.
SEMANA: ¿Cuándo tendrían información sobre los otros menores que también pudieron morir en estos bombardeos?
I. M.: Pues esperaría que hoy mismo la pudiéramos tener. Ya tenemos unos avances, pero queremos tener certeza.
SEMANA: ¿Ha hablado usted con el presidente Gustavo Petro durante el fin de semana? ¿Habló con él sobre esto?
I. M.: No, señor. No he hablado con él. Justamente le estaba pidiendo un diálogo, sí le escribí, pero creo que no ha recibido el mensaje, pidiéndole que suspenda los bombardeos de inmediato donde pueda haber niños y niñas reclutados.
SEMANA; Pero el presidente ha justificado los bombardeos...
I. M.: Sí, pero como dije, hay un principio del derecho internacional humanitario que es el de la necesidad militar y el de precaución. Entonces no basta con que haya un riesgo, es necesario garantizar que no se hayan agotado otras medidas de orden de uso de la Fuerza Pública, inclusive como la inteligencia.
Yo le decía al ministro de Defensa, desconozco cuáles fueron las acciones que adelantaron para prevenir que hubiera menores de edad dentro de las personas que iban a ser, digamos..., a sufrir el bombardeo. Segundo, en el evento en que lo hubieran sabido, cómo evaluaron otras medidas para tratar de controlar el riesgo sin tener que acudir al bombardeo. Todas esas explicaciones las tienen que dar ellos en este momento. Es necesario suspender y evaluar otras medidas de protección de la población y de acción de la Fuerza Pública para no generar un daño tan desproporcionado en niños y niñas que fueron además víctimas de reclutamiento forzado.