Alrededor de 140 toneladas de munición destinadas a la fuerza pública están estancadas en zona franca desde hace un año, sin poder ingresar a Colombia para ser entregadas a los uniformados encargados de la defensa del Estado. Se trata de 28.000 unidades de un artículo conocido como copa para camiseta y otras 112.000 unidades de copa para vainilla, elementos fundamentales para la munición calibre 5.56 que se utiliza para equipar los fusiles M-16 y pueden representar hasta 18 millones de cartuchos.
Se trata de las municiones de fusil que requieren los soldados desplegados en las regiones del país a fin de enfrentar la criminalidad y que, al añadírseles pólvora, se convierten en las balas con las que los uniformados se defienden.
La historia de ese proceso comienza en septiembre de 2024 cuando Indumil suscribió un contrato de compraventa con la empresa Rexco Tools SAS por 8.863 millones de pesos para traer a Colombia un producto que se encontraba exento de IVA porque era importado al país por ese actor privado, gracias al tratado de libre comercio.
El convenio fue firmado por el coronel Carlos Alberto Henao Fonseca, vicepresidente corporativo de Indumil, y la representante legal de Rexco, Denisse Campos. Entonces, el 23 de noviembre de 2024, las municiones ya se encontraban en zona franca esperando el proceso de nacionalización, para la que es necesaria la expedición de un documento de Indumil, debido a que es la única entidad con el poder de habilitar el ingreso de armamento al país.
La munición de fabricación estadounidense fue diseñada según las especificaciones técnicas que presentó ese instituto y enviada a Colombia para el uso exclusivo del Estado. No obstante, desde esa fecha los bienes han estado almacenados en una bodega ubicada en la zona franca de Bogotá, por la que sus importadores, una compañía que había contratado desde 1996 con el Estado, pagan mensualmente un millonario arrendamiento.
La espera ha sido tal que el caso derivó en una queja ante la Contraloría General, pues después de la importación Indumil emitió un acta en la que señaló un presunto incumplimiento del proveedor, acusándolo de no acatar los requisitos necesarios para el ingreso de la mercancía al país.
En ese escenario, la munición lleva casi un año varada en zona franca. No obstante, la historia no termina ahí. A mediados de 2025, la entidad publicó una nueva convocatoria para importar 290 toneladas de ese mismo tipo de material de defensa por 19.000 millones de pesos, casi el doble del convenio que habían suscrito en 2024 con otro oferente. Ese ya tiene un oficio de adjudicación en curso a favor de un proveedor turco.
“En la nueva convocatoria se observa un precio unitario menor, a pesar de que el precio internacional de los insumos (cobre y zinc) ha aumentado considerablemente entre julio de 2024 y julio de 2025, lo cual no se justificó mediante los estudios de mercado ni actualizaciones presupuestales”, se detalla en la queja radicada ante la Contraloría. Asimismo, se alegó que en el nuevo convenio se cambió el tipo contractual a una importación internacional, lo que abriría la puerta para que Indumil siga contratando a dedo con ese oferente.
Otro asunto que quedó en la discusión es que no está claro si los fondos con los que se trazó la convocatoria de 2025 son los mismos con los que se iba a realizar la compra de 2024, para la que Indumil firmó el contrato, pues no le pagó al proveedor alegando su presunto incumplimiento.
Esta cuestión tiene al instituto militar al borde de una demanda por la que el Estado tendría que pagar millones de pesos en reparaciones al proveedor, mientras en el campo los uniformados necesitan esas municiones para combatir el avance de los grupos armados.