La donación de órganos está a un debate de convertirse en ley. El proyecto de ley que la regula fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y quedó pendiente de su discusión en la plenaria para hacer realidad la norma que actualiza el sistema de donación.

El objetivo del articulado es ampliar las oportunidades de trasplante para los pacientes que están a la espera de procedimientos médicos de este tipo y que no han podido encontrar un donante que pueda darles esperanza de vida. La iniciativa lleva el nombre de 55 Vidas porque ese es el número de tejidos y órganos que una sola persona puede donar.

“Hoy, más de 4.226 personas están en lista de espera por un trasplante en Colombia. Este proyecto aumenta las posibilidades de donación y fortalece los procesos técnicos para salvar vidas. Queremos mejorar la calidad de vida de los colombianos y responder a una realidad preocupante: el aumento de pacientes en diálisis, entre otros. Con esta iniciativa, buscamos dar segundas oportunidades y salvar vidas”, expresó el representante Alejandro García, autor del proyecto.

La tasa de donación en Colombia se ubica en 6,4 donantes por cada millón de habitantes. Además, la regulación solo contempla los casos de donación cuando se presenta una muerte encefálica, mas no se especifican los procesos para la donación en casos de parada circulatoria, una circunstancia en la que los cuerpos de los pacientes quedan en condiciones de convertirse en donantes.

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“Hoy hay personas que llevan hasta 14 años esperando un trasplante, y muchos fallecen en ese proceso. Además, más de 600 personas han esperado hasta cinco años por un trasplante de córnea, cuando con cerca de 300 donantes se podría cambiar radicalmente su calidad de vida”, enfatiza el doctor Juan Pablo Gutiérrez, médico coordinador de donación y trasplante de Coosalud.

El representante García enfatiza que el proyecto también permite la eficiencia del sistema de salud porque el valor de un trasplante es inferior cuando se compara con el costo que asume el sistema de salud al tratar a una persona enferma, como, por ejemplo, aquellos que requieren diálisis. El articulado tiene que aprobarse antes del 20 de julio, cuando finaliza el periodo del Senado y el Congreso.