SEMANA: El proyecto de ley Niñas sin Ablación, que prohíbe la mutilación genital femenina, está en riesgo de hundirse. Si eso ocurre, tendrían que tramitar desde cero un nuevo articulado en el próximo Gobierno. ¿Por qué no se ha logrado la aprobación de esa normativa que es fundamental para los derechos de las niñas?
Ángela Anzola (A.A.): Durante mayo y junio, la presidencia del Senado de la República ha puesto la discusión del proyecto de ley 440 de puesto doce o trece en el orden del día de la plenaria. Normalmente, las y los congresistas no alcanzan a discutir más allá del tercer o cuarto punto. Aunque este proyecto avanzó y solo necesita este último debate, en medio de la coyuntura de las elecciones presidenciales y el debate del proyecto de Ley de la jurisdicción agraria y rural, el 440 ha perdido relevancia, a pesar de ser un tema que afecta a muchas niñas en todo el país.
Quisiera, igualmente, destacar a la senadora Clara López, quien es la ponente del proyecto; también a Jennifer Pedraza, senadora electa, a Alexandra Vázquez y a Carolina Giraldo, quienes han liderado en el legislativo esta iniciativa. Sin embargo, el agendamiento de su cuarto debate no depende únicamente de ellas. Por esta razón, enviamos cartas al presidente del Senado, así como a los senadores y senadoras de la Comisión Primera, para pedir que se priorice en la agenda legislativa con la esperanza de que la coyuntura actual no le quite visibilidad a esta iniciativa.
SEMANA: El proyecto no ha sido priorizado en la agenda legislativa, pese a los llamados que ha hecho la Fundación PLAN y las advertencias de otros sectores que defienden los derechos de las niñas. ¿Falta voluntad política para prohibir la mutilación genital femenina?
A.A.: Pese a que el proyecto para eliminar la mutilación genital femenina no tiene oposición, no es prioritario. Los asuntos de niñez y de derechos de las niñas que defendemos y protegemos en Fundación PLAN no son, en ocasiones, los más populares en tiempos de campañas políticas y elecciones. No obstante, confiamos en que el Senado tendrá en cuenta a las niñas con este proyecto y lo discutirá antes del 20 de junio. Sería lamentable que no lo hiciera. Las niñas lo necesitan.
SEMANA: Hablar de “mutilación genital femenina” puede sonar como un problema lejano. Sin embargo, es un hecho que esto sigue ocurriendo en Colombia. ¿Cuál es la realidad de esa práctica en el país?
A.A.: Es lo que se suele pensar, pero no es un asunto lejano. Entre enero de 2024 y marzo de 2026 se registraron 98 casos. Pero es muy probable que exista un subregistro porque no hay un seguimiento específico de parte del Estado. Es decir, los casos que conocemos son los que llegan a los centros de salud por alguna complicación de la bebé o niña que sufre la mutilación de sus genitales. Es una violación de sus derechos y de su vida.
SEMANA: La mutilación genital femenina es una violación a los derechos humanos y también una vulneración directa a la salud física y mental de las niñas. ¿Por qué?
A.A.: El derecho internacional y el marco jurídico colombiano coinciden en reconocer esta práctica como una vulneración grave de los derechos humanos de las niñas, además de constituir una manifestación extrema de violencia sexual y de género. El hecho mismo de la mutilación y las secuelas que produce representan una agresión física y una violencia cuyas consecuencias se extienden a lo largo de toda la vida de las niñas y que atentan permanentemente contra su autonomía corporal y su bienestar integral.
Entonces, la mutilación genital femenina implica una afectación directa a derechos fundamentales como la salud, la integridad física y mental, la seguridad personal, los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de la dignidad humana. Asimismo, atenta contra el derecho a vivir libres de tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso puede poner en riesgo el derecho a la vida, ya que es un procedimiento con mucho riesgo por las formas y condiciones como se realiza.
SEMANA: La ablación ha sido presentada como una “práctica ancestral”. ¿Lo es?
A.A.: Las comunidades indígenas se han pronunciado frente a esta práctica dejando claro que la mutilación genital femenina no responde a una costumbre cultural, sino al resultado de años de condiciones estructurales de desigualdad, exclusión, desprotección institucional y brechas en el acceso a derechos, que han afectado de manera especial a las mujeres indígenas. Algunas investigaciones realizadas y respaldadas por las mismas comunidades indígenas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Salud y Protección Social, han concluido que es el resultado de procesos históricos y normas de género que estigmatizan la sexualidad femenina.
SEMANA: De lograrse la aprobación del proyecto, sería necesario un profundo proceso de formación en determinadas comunidades o en regiones específicas. ¿Qué avances han logrado en las comunidades indígenas?
A.A.: Las comunidades indígenas llevan reflexionando sobre este tema más de 15 años. Uno de los mayores logros de este proceso liderado por las mujeres fue la decisión de abandono voluntario de la práctica por parte de las autoridades Emberá Chamí de Risaralda en 2010. Ese paso marcó un precedente al demostrar que los cambios culturales son sostenibles cuando surgen de su propia agencia, autodeterminación y procesos educativos, a diferencia de los efectos limitados que generan las imposiciones externas o la criminalización.