Los integrantes del Pacto Histórico han intentado atacar al Gobierno De La Espriella, pero las posturas que fijan han sido desmentidas rápidamente por diferentes sectores políticos.

En esta ocasión, la exsenadora María José Pizarro lanzó una serie de críticas contra el decreto que regula la protesta social en Colombia y puso en duda su entrada en vigencia, según ella, por falta de publicidad.

Abelardo De La Espriella firmó el decreto que regula la protesta y castiga la violencia y la destrucción. Aquí están los detalles

“Señor ministro Rodrigo Lara, ¿cómo es posible que entre en funcionamiento un decreto que regula la protesta sin que los organizadores de la movilización lo conozcan para que quienes se movilicen se puedan organizar? ¿Lo conoce la Fuerza Pública para actuar conforme al decreto? ¿Qué conoce la Fuerza Pública del decreto? ¿Cumple con los principios constitucionales que garantizan el derecho a la protesta? ¿Cumple con el principio de publicidad? ¿Se pudieron presentar observaciones por parte de la sociedad civil? Entra en vigor el mismo de la movilización. ¿Se hace así para evitar cualquier medida cautelar que evite su entrada en funcionamiento?”, fueron las preguntas de la excongresista.

Como muchas de sus preguntas se resolvieron con la publicación del borrador del decreto, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, la desmintió punto por punto.

“No es cierto que el decreto regula la protesta social; por tanto, no usurpa la competencia del Congreso. Lo que sí hace este decreto es establecer un protocolo para la intervención de la Fuerza Pública en el marco de la potestad reglamentaria contenida en el artículo 189, en el numeral 11, de la Constitución Política”.

Agregó: “El decreto estuvo publicado para comentarios desde el 28 de septiembre, con lo cual se cumple con el principio de publicidad. Otra cosa es la negligencia en el estudio del decreto por parte de los organizadores de la protesta”.

Triana defendió férreamente la decisión del Gobierno De La Espriella y le hizo un recordatorio a la excongresista del Pacto Histórico. “Este decreto modifica un decreto ya existente (el 003 de 2021). De hecho, durante todo el gobierno Petro fue aplicado; no pretenda ahora manifestar que es la primera vez que advierte la existencia de una normativa de este tipo. Lejos de criminalizar la protesta social, el decreto sigue priorizando el diálogo sobre quienes manifiestan de manera pacífica. El gran cambio es que la Fuerza Pública ahora sí podrá actuar contra quienes cometan actos vandálicos y criminales”.

El concejal Julián Uscátegui también desmintió a la integrante del petrismo y le pidió no desinformar a los colombianos.

“Exsenadora, tuvo 15 días para leerlo. Pero, tranquila, yo se lo explico. El decreto es muy sencillo: si protesta pacíficamente, no pasa nada. Si bloquean vías, atacan con piedras o lanzan papas bomba, interviene el Esmad. ¿Qué es lo que tanto le molesta?”, dijo Uscátegui.

Gobierno de Abelardo De La Espriella notificó a quienes convocaron a marchas para este miércoles: “Estará listo”

El representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, también le respondió a la excongresista y le dijo que sus dudas eran muy simples de resolver.

“Señora Pizarro, no haga el oso. El proyecto de decreto que modifica el protocolo de protesta está publicado para comentarios desde el pasado 28 de septiembre. Recibió 1.379 comentarios. Cualquier persona que haya estado en el sector público primero verifica una obviedad como esa”, dijo.

El pasado martes, el presidente De La Espriella firmó el decreto que tiene como finalidad regular las protestas sociales en el país. El documento pone las reglas claras sobre las manifestaciones.

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a las marchas convocadas por la oposición para el 14 de octubre. Foto: Presidencia/Semana

Se trata del Decreto 1525, el cual advierte: “Frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.