Una de las mayores problemáticas en Colombia y el mundo, gracias a la tecnología, han sido los delitos digitales, entre ellos los casos de violencia. Teniendo eso en cuenta, un grupo de congresistas radicó un proyecto de ley para incentivar la protección integral de violencia de género digital.
Con la iniciativa se busca implementar medidas de sensibilización, prevención, protección y reparación de las víctimas, con el objetivo de garantizar derechos fundamentales como la dignidad, intimidad y una vida libre de violencias en entornos digitales.
Para sacar adelante el proyecto se unieron varias congresistas, de distintos sectores. La senadora Ana María Castañeda de Cambio Radical, Clara López del Pacto Histórico y la representante Ingrid Aguirre de Fuerza Ciudadana contaron con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es que puedan incrementar las penas privativas de la libertad a quienes cometan este tipo de delitos, entre ellos la violencia de género digital, que hace referencia al uso indebido de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Las sanciones pueden ser entre 16 y 54 meses de prisión, además de multas de 13,33 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes.
Además de aplicar penas más severas para quienes cometan delitos de este tipo, también propone un marco normativo con el que se busca que estos espacios sean más seguros para las personas y reducir el número de víctimas.
En ese sentido, busca que haya canales de atención en los que puedan registrar las denuncias de forma más expedita, accesible y de manera confidencial.
Las congresistas dijeron que es fundamental que como sociedad se empiece a reconocer la violencia de género en todas sus formas, incluyendo el entorno digital. Agregaron que están convencidas de que se necesita esta ley y que buscarán consensos al interior del Congreso para sacarla adelante sin mayores inconvenientes.
Igualmente, destacaron que esto contribuiría a la protección de los derechos de las mujeres y la promoción de un “ambiente digital seguro y respetuoso”.
Algunos de los puntos más destacados del proyecto tienen que ver con la creación de estrategias de sensibilización sobre el uso responsable de las TIC en ámbitos educativos, laborales y de salud, por lo que se busca capacitar a los docentes con la inclusión de contenidos relacionados a la violencia de género digital en los planes de estudio.
También se propone la implementación de una ruta única de atención para las víctimas de violencia de género digital en la que se puedan integrar servicios de asesoría, apoyo psicológico y legal. Y que se establecerán mecanismos con los que se pueda atender a las víctimas de forma rápida.
Igualmente, el proyecto pretende implementar estrategias que faciliten a las personas afectadas los canales de denuncia. Y pide a entidades como la Fiscalía o el Ministerio del Interior que apliquen una perspectiva de género en las actuaciones relacionadas a violencia digital y que haya una particularidad sobre cada caso.