A la isla de Santa Rosa la custodian uniformados de las Fuerzas Armadas del Perú y un camino de banderas blancas y rojas que bordea la calle da la bienvenida al pueblo. Ese territorio, ubicado en medio de la triple frontera amazónica, está en disputa entre Colombia y Perú a cuenta de una protesta que hizo el presidente Gustavo Petro a su par, Dina Boluarte, acusándola de querer “cooptar” territorio.
Las banderas del Perú no están ahí por casualidad. El pasado 7 de agosto, cuando Petro viajó a Leticia para conmemorar la Batalla de Boyacá, a ese territorio amazónico también llegó el ministro del Interior peruano, Juan José Santiváñez, para celebrar una “acción cívica” con los tres mil habitantes que allí residen. Entonces, mientras por el cielo de Leticia volaba un avión militar colombiano para recordar la disputa más importante de la independencia del país, por la isla, las autoridades peruanas enviaban el mensaje de que ellos también están presentes.
Desde entonces, los campesinos, indígenas y mestizos que allí residen pasan sus días entre las noticias que surgen del costado colombiano, en las que les anuncian que la Casa de Nariño iniciará acciones internacionales para reclamar la soberanía sobre esa geografía y los emblemas del Perú que están dispuestos en cada esquina del caserío.
SEMANA viajó a Santa Rosa para conocer cómo viven los pobladores de ese territorio en disputa. Mientras el equipo periodístico entraba a la isla, un grupo de uniformados del Ejército del Perú cruzó el letrero que da la bienvenida al pueblo, cargando una bandera de su país: “Bienvenidos a Santa Rosa de Loreto, Perú”, se lee en el cartel pintado con letras blancas y rojas, como la bandera.
Santa Rosa queda a diez minutos de trayecto en lancha desde Leticia, la capital del departamento del Amazonas. El tiempo de viaje varía según el nivel del río y la lluvia de la selva tropical; el pasaje se paga en pesos colombianos, soles o reales, y los mismos pobladores cuentan que es más favorable llegar a esa municipalidad cargando soles o reales porque el peso colombiano difícilmente es recibido en los comercios.
Cada casa tiene una bandera del Perú, cada poste está pintado con los colores blanco y rojo, y en las tiendas se venden recordatorios con imágenes de alpacas, el animal más conocido de ese país, camisetas con nombres de las ciudades peruanas, y los mototaxis tienen placas peruanas.
Tal vez lo más colombiano que hay entre sus comercios es un retrato del futbolista James Rodríguez en un bar, acompañado de una imagen del brasileño Neymar, y una marca tradicional de helados colombiana que se comercializa en las tiendas.
Max Ortiz Rubio es la autoridad local designada directamente por la administración de la presidenta Dina Boluarte, la mandataria más impopular de Suramérica que llegó al poder tras un autogolpe a quien había sido su fórmula política, Pedro Castillo. El alcalde asegura que todas las personas que viven en Santa Rosa tienen un Documento Nacional de Identidad (DNI) del Perú y reciben atención de ese Estado.
“El presidente Petro habló cosas que no debe hablar. Nosotros no lo hemos querido, tampoco los mismos colombianos que le han dicho ‘fuera Petro’. Él en Colombia no tiene mayorías y en lugar de atender sus problemas ahora ha reclamado Santa Rosa”, comentó el hombre de 64 años.
Toda su vida la ha pasado en la triple frontera amazónica, donde ocupó varios cargos públicos y formó una familia de cinco hijas de las que una está en la Marina. Con orgullo exhibe una foto que tiene en su celular posando junto a Martín Vizcarra, que fue retratada en los días en los que el expresidente visitó la isla para cruzar hasta Leticia, para una reunión con su par de Colombia, el exmandatario Iván Duque. Otro expresidente, Ollanta Humala, también arribó al puerto y saludó desde el río a los pobladores.
A Santa Rosa la custodian policías y soldados con uniformes del Perú, quienes guardan cautela cuando ven que las cámaras se acercan a ellos. La indicación que dan los uniformados es que todos los pronunciamientos los debe dar el alcalde o la misma Cancillería desde Lima, porque saben que la cuestión de la soberanía toca las fibras de la relación binacional.
Aunque la conversación es diplomática, sí se mencionan algunos asuntos fuera de micrófonos, como que una delegación de los ministros del Gobierno peruano prepara una “acción cívica” que se realizará a finales de esta semana. La idea es llevar presencia de todas las instituciones del Estado a esa geografía. Incluso, hay conversaciones para evaluar una posible visita de Boluarte. Una fecha estimada es el 30 de agosto, cuando celebran el aniversario de la isla.
Las casas de Santa Rosa se levantan del piso sobre estacas de madera y desde la calle se puede ver su interior por las ventanas que permanecen abiertas en medio del clima amazónico, por el que el sol calienta la superficie, pero la humedad hace más difícil soportar la temperatura. De todas esas viviendas, hay una de puertas abiertas que está ubicada casi en el centro del pueblo, desde donde ocho funcionarios de diferentes entidades del Perú despachan para representar los intereses de ese Estado a través del Programa Nacional País. Allí mismo se expiden los documentos de identidad peruanos.
Las Fuerzas Armadas esperan la llegada de BAP Río Ucayali I, una plataforma fluvial de la Marina que navega rumbo a la región para pasar varias semanas en las aguas internacionales del río, ondeando la bandera del Perú. “Las cosas están tensas, ya tienen que conversar”, comentó un funcionario del Estado. A los uniformados los rotan con frecuencia porque la zona está en las rutas de tránsito del narcotráfico y ellos cuentan que no existe ninguna oficina que represente a Colombia en ese terreno.
El presidente Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, han planteado que se cite a la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif), con el fin de dirimir el conflicto limítrofe y así evitar acudir a instancias internacionales de alto nivel, como la Corte de La Haya. En contraste, la administración de Boluarte responde que no tiene nada que dialogar sobre este asunto con Colombia.
“En este momento, Santa Rosa no es de nadie. Es una isla que no ha sido adjudicada, por lo tanto, no es ni de Colombia ni de Perú. Esta situación no es extraordinaria, sino que sucede con cierta frecuencia cuando los ríos cambian de curso. Las fronteras cada vez van a cambiar más, no hay límite si no hay un tratado y a los tratados puede llegarse desde diferentes maneras. El tratado Salomón Lozano no delimitó esa isla”, apuntó el profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, Diego Jaramillo.
Colombia y Perú están separados, principalmente, por el río Putumayo, y solo una parte de esa frontera está mediada por el río Amazonas. Las islas que emergieron en el lugar se adjudicaron hace casi cien años, en 1929, cuando Santa Rosa aún no existía. Sin embargo, con el tiempo surgió esa sedimentación que Perú se atribuyó como suya bajo el argumento de que esta sería una continuación de la isla Chinería. A pesar de lo que señalan en micrófonos ambas casas presidenciales, no hay una legislación internacional actualizada sobre este asunto.
Lo cierto es que el derecho internacional surge a partir de la creación de costumbre entre los Estados y el Perú ha hecho esa tarea con su presencia en Santa Rosa, entregando identificaciones a los pobladores, operando hospitales y escuelas y hasta preparando las primeras elecciones para elegir alcalde en esa zona, una coyuntura que muestra el trasfondo político de esta disputa binacional. Petro y Boluarte reclaman soberanía sobre la isla, mientras ambos ambientan terrenos en sus países para dejar a sus herederos políticos en el poder.