El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la investigación que adelanta en su contra la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida en medio de su gestión como gobernador de Antioquia.
El caso entró en un limbo jurídico que deberá resolver la Corte Constitucional. Para Uribe, sea cual sea la jurisdicción que atienda el expediente, pedirá que sea condenado o absuelto.
El ente de acusación estudia si el exmandatario, supuestamente, habría facilitado y promovido el accionar de un grupo paramilitar que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia de Uribe.
En específico, se estudia la eventual responsabilidad en las matanzas de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango, y en el asesinato de Jesús María Valle, un abogado y defensor de derechos humanos que denunció la complicidad de las Fuerzas Militares y grupos paramilitares.
El proceso es liderado por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y ya escuchó las primeras declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, donde ha defendido su inocencia.
Sin embargo, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclamó el expediente por el fuero que goza el exmandatario. Debido al choque de trenes entre las dos entidades, la última palabra la tendrá la Corte Constitucional, para establecer quién tiene el poder de investigar a Uribe por estos acontecimientos.
En un video difundido en X, el dirigente del Centro Democrático comentó: “Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar y como matón. Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente. Les ruego a mis compatriotas mirar la trayectoria de todos esos años de gobierno. Ese proceso estuvo mucho tiempo en la Comisión de Acusación, y el doctor Granados (su abogado) considera que no debió pasar a la Fiscalía”.
Pese a ese escenario, Álvaro Uribe informó que tomó la decisión de someterse a la Fiscalía General de la Nación y prueba de ello han sido sus declaraciones judiciales: “He ido respetuosamente allí a atender la indagatoria y seguiré yendo cuantas veces me llamen. Pero, además, cualquier decisión que sobre ese conflicto de competencia tome la Corte Constitucional, la respetaré enteramente, como ha sido mi conducta frente a la justicia colombiana”.
El debate sobre este caso llegó al escenario político. Iván Cepeda, que actúa como parte civil en la investigación que se adelanta, pidió que se mantenga el expediente en la Fiscalía, pese a que integrantes de su bancada, el Pacto Histórico, avalaron el reclamo del proceso por parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
“Defiendo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia y, en consecuencia, le he solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales”, dijo.