En el Congreso de la República generó controversia el borrador de un decreto que expediría el Gobierno nacional para regular la protesta ciudadana. Hay sectores políticos que respaldan la iniciativa, mientras que otros alertan por posibles violaciones de derechos humanos.
El documento contempla más facultades para que los integrantes de la Policía Nacional intervengan en manifestaciones violentas. También, que el diálogo se entenderá resuelto cuando se detecten armas de fuego, explosivos, artefactos incendiarios o cuchillos, entre otros elementos.
“La Policía Nacional actuará sin dilaciones innecesarias, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios de prevenir, contener y hacer cesar las conductas punibles o los actos de violencia, proteger la vida e integridad de las personas”, se describió en el archivo.
La regulación no tomó por sorpresa al Congreso de la República, pues Abelardo De La Espriella indicó que sería una de sus prioridades una vez tomara el poder, y así lo está haciendo. Sin embargo, la medida, que se mantiene en un borrador, goza de detractores y seguidores.
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, anticipó que el posible decreto sería arbitrario y contradictorio:
“Lo que hace es que desvirtúa los logros evidentes y los avances que se dieron, por ejemplo, en el gobierno de Gustavo Petro, cuando a través del diálogo se logró dar garantías al ejercicio fundamental de la protesta social”.
La misma opinión mostró el senador Kevin Gómez, del mismo movimiento de izquierda: “Este borrador va encaminado a buscar criminalizar la protesta social. Eso es contrario a nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros rechazamos este intento de criminalizar la protesta social y de resolver por la vía de la intervención de la fuerza pública todo conflicto social. Eso es absolutamente autoritario”.
El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, manifestó que hay un abuso de la protesta en muchas regiones de Colombia:
“Tener instrumentos de agilidad para enfrentar la manifestación cuando se sale de los canales institucionales no se puede asimilar a la vulneración de los derechos humanos. Compartimos la filosofía de darle mayores herramientas a la fuerza pública en Colombia”.
El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, también respaldó la iniciativa del Gobierno nacional: “Las normas dejaron desamparados a los ciudadanos porque el ejercicio del derecho a la protesta no es una patente para ejercer violencia, destrucción e intimidación. Hay que también proteger a quienes no protestan”.