Este viernes, el presidente Gustavo Petro alertó que un plan criminal se fraguaba en su contra cuando era candidato y que la justicia, y en especial la Fiscalía, no había hecho mucho para esclarecer los hechos.
“Ha aparecido una investigación interrumpida en la Fiscalía, donde un dirigente político de extrema derecha de Risaralda aparece como el jefe de la banda delictiva de La Cordillera. Banda que quería asesinarme en campaña presidencial. La pregunta es por qué tanto el atentado en Cúcuta en mi campaña presidencial del 2018 como esta investigación nunca llegó a conclusión judicial ni en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ni en la actual”, escribió el primer mandatario en la red social X.
La Fiscalía, frente a ese pronunciamiento, dio a conocer hechos relacionados con su trabajo en esa investigación. Por ejemplo, que aunque las pesquisas comenzaron por las afirmaciones hechas por miembros del equipo de campaña que mencionaban tener conocimiento de un plan para atentar en contra de la vida del candidato en distintas partes del país, al ser llamadas por la Fiscalía, y en las entrevistas, estas mismas personas dijeron que no brindarían información alguna sobre las fuentes que les habrían dado esa información, alegando motivos de seguridad.
En este momento, el proceso se encuentra en indagación. En el marco de esa investigación se han podido conocer más detalles del grupo delincuencial, que delinque en Risaralda. En los últimos tres años, durante la gestión de Francisco Barbosa, tres fiscales delegados han trabajado en ese frente. Se trata de quienes lideran las áreas del búnker en Seguridad Territorial, Criminalidad Organizada y Finanzas Criminales.
Hasta el momento, se han capturado siete cabecillas de la organización y 138 integrantes. Además, se han proferido 18 sentencias contra sus miembros. La entidad también aseguró que las finanzas de La Cordillera se han impactado por medio de tres procesos, que han dejado 58 bienes de extinción de dominio, 28 inmuebles urbanos, 23 inmuebles rurales, 1 establecimiento de comercio y 6 vehículos impactados. El valor de los bienes con medidas cautelares es de $ 52.027.250.000, según la Fiscalía.
La organización La Cordillera es responsable del asesinato de Lucas Villa en el marco de la ola de protestas que vivió el país en el año 2021. El 5 de mayo, tres hombres armados a bordo de dos motocicletas se trasladaron al viaducto y dispararon indiscriminadamente contra el activista.
La Fiscalía logró determinar el nexo entre el grupo delincuencial y ese crimen y capturar a sus responsables. “Se estableció que Jonatan Stiven Mejía Hurtado y otros posibles integrantes de su grupo recibieron la instrucción de asesinar al líder estudiantil. Precisamente, alias Truán habría participado en la planeación de la acción criminal, y seleccionado a los sicarios que vigilarían a la víctima y, posteriormente, perpetrarían el ataque”, señaló el ente acusador en su momento.