Un gran escándalo se desató después de la explosiva entrevista que dio a SEMANA la fiscal Lucy Laborde, quien estuvo a cargo del proceso contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro.
De acuerdo con ella, la fiscal general Luz Adriana Camargo le pidió retirar el grave delito de lavado de activos y reemplazarlo por enriquecimiento ilícito en la imputación. De hecho, sostuvo que fue perseguida, presionada y acosada por Camargo para conseguir un trato especial para el hijo del exjefe de Estado.
La exsenadora María Fernanda Cabal habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y advirtió que es necesario que, aprovechando lo sucedido, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella le ponga atención al momento en el que se decide si se imputa o no un delito.
“¿En qué momento un fiscal, en su autonomía y abusando del poder, te infla las conductas presuntamente delictivas? ¿En qué momento la tipicidad de la conducta rebasa la realidad de lo sucedido y en qué momento se produce la deflación, es decir, yo te quito cositas?”, señaló.
La excongresista calificó como “gravísimo” la denuncia que hizo la fiscal Laborde y, desde su punto de vista, está más que claro que el hijo del expresidente presuntamente cometió el delito de lavado de activos.
Por lo mismo, cuestionó ese “afán de beneficiar” a algunos y, además, fue más allá y mencionó cómo el rasero puede cambiar en otras situaciones, como por ejemplo cuando el protagonista es alguien que perteneció a la Fuerza Pública.
“A los militares y policías solo falta que les pongan el delito de inasistencia alimentaria, porque a ellos se los han metido todos para ver qué les cuadra”, señaló.
Cabal contó que, de hecho, hace algunos días estaba leyendo una sentencia de la Corte en la que se condenó a una fiscal porque infló los delitos por los que acusaba al procesado y violó el debido proceso. “Así como se inflan, también se desinflan”, comentó.
“Y un país como Colombia, que hizo un esfuerzo gigante en perseguir los bienes obtenidos ilícitamente, que fue el autor de la primera ley de extinción de dominio, terminó degenerando y degradando la norma para ajustarse a las necesidades de la delincuencia”, complementó.
Por el momento, no cesa la polémica por la orden que la fiscal general Camargo habría dado para beneficiar en el proceso al hijo del expresidente, por lo que queda por conocer si se adopta alguna decisión frente a este caso.