Casi 200 cocodrilos que habitan en el Orinoco estarían en riesgo de morir porque llevan más de cinco meses sin ser alimentados y quedaron en un limbo burocrático sobre cuáles son las instituciones que deberían financiar su comida, cuidados veterinarios y protección.
Se trata de animales conocidos como caimán llanero o caimán del Orinoco, una de las especies de cocodrilos más amenazadas del mundo y que está en peligro de extinción en la región neotropical del continente americano.
Los especímenes fueron puestos en cautiverio como parte de los esfuerzos del Estado para mantener la especie, a través del Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero (Procaimán) para el que la Universidad Nacional ha prestado un rol de apoyo técnico y científico.
Sin embargo, esa plataforma quedó en el limbo. Algunos ejemplares fueron llevados a dos lugares externos a la Universidad Nacional que serían destinados para su conservación, pero allí no hay quien pague por sus cuidados.
Unos 180 caimanes están en el Parque Agroecológico Merecure y otros 12 viven en la Universidad de los Llanos. SEMANA tuvo acceso a una tutela en la que se afirma que al menos un animal habría muerto en Merecure como consecuencia, posiblemente, de la falta de comida.
El último registro que se tiene de que estos fueron alimentados data de diciembre de 2025, lo que significa que esos seres sintientes llevarían cinco meses sin recibir comida porque ninguna institución se hace responsable.
Los animales fueron trasladados a esos dos lugares mediante convenios institucionales. El de UniLlanos, por ejemplo, se suscribió en noviembre de 2017, pero esos acuerdos caducaron. Es por esto que esa institución educativa afirma que solo facilita el espacio para que sea habitado por los caimanes.
Hay poca claridad institucional sobre quiénes son los encargados de los animales. En medio de ese debate, algunos actores de la región han apuntado a la Universidad Nacional como la encargada de esos cocodrilos, institución que afirma no tener responsabilidades con los animales que están en establecimientos externos porque aseguran que no existe ningún convenio vigente.
Para esa institución los únicos que están bajo su encargo son los 138 ejemplares que habitan la Estación de Biología Tropical Roberto Franco. Los investigadores de la universidad pública más grande del país han encontrado falencias en la documentación sobre estos animales como vacíos en el censo poblacional, en la información sobre los traslados de estos y en los datos de cómo se efectuó la disposición de los restos de los ejemplares que murieron desde el 2020.
El documentalista Mauricio Salazar interpuso una acción de tutela en la que asegura que estos animales han vivido “periodos prolongados de ayuno a los que han sido sometidos”, lo que les llevó a un “riesgo actual de muerte”. En ese proceso, Salazar espera respuestas del Ministerio de Ambiente, la Universidad Nacional, Cormacarena, Corporinoquia, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la ANLA para que se resuelva el interrogante de cuál es el actor que debe asumir los cuidados.
Lo que supuestamente sería una estrategia para prevenir la extinción de la especie y promover la recuperación de las poblaciones mediante estrategias de cuidado de los huevos y de los neonatos, se convirtió en una ‘papa caliente’ institucional. Mientras se resuelve quiénes son los encargados del cuidado de los cocodrilos, hay un dato que alienta el debate sobre la situación de estos seres sintientes: en el mercado negro, un caimán puede costar entre 50 y 10 millones de pesos.