Para lograr una recuperación económica en Latinoamérica, sustentada en la protección ambiental no se requiere utilizar más recursos financieros sino invertirlos bien, una tarea que aún está pendiente y en la que se requiere que los líderes adopten políticas en búsqueda de una economía y crecimiento sostenibles.

A esta conclusión se llegó tras utilizar el rastreador de la recuperación de América Latina y el Caribe, basado en una iniciativa del Observatorio de la Recuperación Global dirigido por la Universidad de Oxford. Según la herramienta, la región se ha gastado en sectores no sostenibles US$7.400 millones, frente a los US$1.500 millones destinados al desarrollo de iniciativas sostenibles.

En lo que respecta a las actividades habituales, el 74 % del gasto se destinó a infraestructuras de energías de origen fósil, y el 13 % a infraestructuras portuarias y aeroportuarias no sostenibles, lo que previsiblemente provocará un aumento de las emisiones de carbono, en momentos en que la temperatura del planeta se eleva rápidamente.

Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la ONU Cambio Climático hace un llamado para que los países trabajen en una recuperación sostenible en su salida pospandemia. “Alinear las inversiones con un futuro limpio, verde y sostenible no consiste tanto en gastar más, sino en gastar mejor”, dijo la funcionaria tras presentar los resultados iniciales de la herramienta.

En Latinoamérica aún no se destinan recursos al desarrollo de una economía sostenible. | Foto: valentinrussanov

Espinosa, junto con los líderes de diferentes países e instituciones internacionales han debatido sobre temas apremiantes como el riesgo que corren las economías de la región si no alinean sus esfuerzos de recuperación con el Acuerdo de París, o la forma en la que las naciones de América Latina pueden aprovechar mejor el gasto en recuperación para acelerar la transición hacia una economía sostenible e inclusiva.

En la presentación de los resultados, realizada en días pasados, los líderes en materia climática hicieron hincapié en el hecho de que las oportunidades con alto impacto para la región son numerosas, pero requieren una combinación de medidas políticas.

En los debates sobre políticas se identificaron opciones en materia de energía sostenible, energías renovables no convencionales, eficiencia energética, transporte público y privado con cero emisiones, y soluciones basadas en la naturaleza que garanticen la adaptación en sectores clave de los que dependen las comunidades, como la agricultura y el desarrollo urbano.

Políticas de gasto fiscal

La mencionada herramienta monitorea semanalmente las políticas de gasto fiscal relacionadas con la covid-19 anunciadas por los 33 países de América Latina y el Caribe. Una de las funciones principales del rastreador es aportar transparencia al gasto de los gobiernos regionales, donde se indica el destino de los fondos y su potencial impacto económico, medioambiental y social.

La plataforma también está diseñada para mostrar soluciones políticas e identificar oportunidades de inversión más eficaces y sostenibles. Los primeros resultados muestran que sólo seis de los 33 países de la región dedican más del 0,1 % de su PIB a gastos de recuperación.

Apuntar hacia negocios sostenibles es clave para mejorar el bienestar de millones de personas en el mundo, además de lograr empresas rentables. | Foto: Cecodes

La herramienta, además, permite conocer la financiación que se destina a la recuperación de la pandemia teniendo en cuenta las circunstancias climáticas.

Es de recordar que América Latina se ha visto gravemente afectada por la pandemia. La región, que alberga al 8 % de la población mundial, ha registrado alrededor del 29 % de las muertes por cuenta del virus. La tragedia también es económica, ya que la región verá cómo su PIB se contrae cerca de un 7 % en 2020.

El rastreador, que permite realizar estas mediciones, cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo Monetario Internacional y la organización alemana GIZ a través de la Red de Política Fiscal Verde (GFPN).