El pasado viernes, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, colocó bajo la mira tres nuevas cámaras fotomultas en el norte del país, lo que desencadenó una ola de reacciones, entre las que destaca la del presidente Abelardo De La Espriella, quien pidió que se revisaran todas en el territorio nacional.
Ante esta solicitud del presidente, el Ministerio de Transporte, liderado por Elsa Noguera, anunció la revisión de todas las cámaras de fotodetección que hay en Colombia. La jefa de la cartera insistió en que las cámaras deben cumplir con el propósito de proteger la vida de los actores viales y no se pueden convertir en una alternativa de recaudo.
En consecuencia, se desató una serie de reacciones desde distintos sectores, destacando el anuncio de la exministra, alcaldes, congresistas, representantes de federaciones nacionales y ciudadanos en general.
El senador del partido ASI, Gustavo Moreno, quien también fue autor de un proyecto que busca regular estas cámaras de fotodetección, se pronunció ante la polémica y hasta denunció un supuesto lobby de alcaldes en el Congreso que impiden la regulación de ellas, pues, según el congresista, estas hacen parte de un modelo de negocio para privados y alcaldías en el país.
Además, el senador solicitó a la ministra de Transporte que precisen qué entidad será la encargada de recaudar los recursos de los peajes de la vía Bucaramanga–Chiquinquirá, ya que estos tenían un propósito especial y una distribución totalmente diferente.
Una nueva punta en la conversación
A ello se suma la reacción de diferentes ciudadanos, quienes en sus redes sociales cuestionan otro aspecto importante en la conversación: los límites de velocidad en las carreteras colombianas.
En las últimas horas se viralizó un trino realizado por Jorge Tovar, un docente de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Allí, el académico cuestiona que en la carretera principal que marca la entrada a la capital del país, desde el norte de la ciudad, uno de los carriles tenga una velocidad máxima de 30 km/h.
Sobre este planteamiento del académico también se pronunció el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), Gilberto Toro, quien se refirió a este tema en el programa radial 6AM W de Caracol Radio.
El representante de los municipios señaló que parte del problema radica en criterios técnicos mal aplicados en la señalización y el posicionamiento de los radares:
- Límites incoherentes: Toro calificó de “absurdos” algunos topes de velocidad fijados en vías nacionales y solicitó su reevaluación inmediata.
- Distanciamiento entre dispositivos: propuso que en tramos de carretera no debería permitirse la presencia de una cámara a menos de 20 kilómetros de otra, evitando que se conviertan en trampas de recaudo para los conductores.
En la entrevista radial, Toro también se mostró a favor de las alertas del Gobierno nacional frente a las presuntas irregularidades del sistema.
“Estamos de acuerdo con el señor presidente de la República, y de acuerdo con la señora ministra, porque el tema es que se ha abusado, se ha hecho mal uso de los dispositivos electrónicos de detección”, señaló el director de Fedemunicipios en el programa radial.
Sin embargo, el director ejecutivo defendió la utilidad de las cámaras como mecanismo preventivo ante la grave crisis de seguridad en las carreteras: “Las fotomultas se requieren en un país donde al año mueren entre 6.000 y 7.000 personas, y quedan lesionadas aproximadamente 30.000 personas, porque no tenemos suficientes agentes de tránsito”.