En el sistema de tránsito colombiano, pasarse un semáforo en rojo o amarillo se clasifica bajo la infracción D04, una de las conductas que más presión ejerce sobre el bolsillo de los conductores.
Para el año 2026, el valor de esta sanción se ha fijado en $1.266.222 pesos, cifra que equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Sin embargo, el impacto económico es solo el inicio de un proceso que puede terminar con el vehículo en los patios y la licencia suspendida.
La normativa es clara al señalar que no detenerse ante la luz roja, amarilla, una señal de “pare” o un semáforo intermitente en rojo faculta a las autoridades para proceder con la inmovilización inmediata del automotor.
Los conductores tienen opciones de descuento para mitigar el golpe financiero: un 50% de reducción si se realiza el curso pedagógico y se paga en los primeros 11 días hábiles, o un 25% si el trámite se completa entre los días 12 y 26 tras la notificación.
Los gastos ocultos de la inmovilización
Más allá de la cifra base de la multa, la infracción D04 activa una serie de costos operativos que el infractor debe asumir de forma obligatoria.
Al llevarse el vehículo a los patios, el ciudadano debe costear el servicio de grúa, cuya tarifa es fija por el traslado, y el parqueadero oficial, que realiza un cobro por cada día o fracción que el vehículo permanezca retenido.
A diferencia de otras multas simples, pasarse un semáforo en rojo faculta a la autoridad para llevarse el vehículo a los patios, sumando gastos de grúa y parqueadero diario.
Reincidencia y complicaciones legales
El sistema de tránsito castiga con severidad la repetición de estas conductas. Si un conductor comete la misma infracción en un periodo de seis meses, se considera reincidencia.
Si la conducta es recurrente, la suspensión de la licencia puede extenderse por seis meses o incluso derivar en la cancelación definitiva del documento de conducción.
A esto se suman los agravantes por estado de embriaguez. Si la infracción ocurre bajo efectos del alcohol, las multas pueden superar los 50 millones de pesos y la inmovilización del vehículo se extiende hasta por 20 días hábiles.
Finalmente, el conductor queda en un estado de bloqueo administrativo. Mientras el comparendo aparezca como “pendiente” en el sistema SIMIT, el ciudadano no podrá renovar su licencia, realizar traspasos de propiedad ni tramitar el SOAT o la revisión técnica.