El tema de las cámaras de fotomultas en Bogotá sigue siendo álgido y desde diferentes sectores indican que estos dispositivos no aportan a la seguridad vial y sí promueven la imposición de comparendos para aumentar el recaudo en la capital.
Sin embargo, la Administración Distrital ha defendido esta política, la cual le ha permitido a la capital ser reconocida por Bloomberg Philanthropies como una de las dos ciudades ganadoras de la categoría Oro del primer Reto Global de Velocidades de Seguridad Vial.
Ahora, en medio de esta discusión, la Secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, confirmó la instalación de nuevos dispositivos de detección que llegarán a la ciudad en los próximos días.
El anuncio oficial lo hizo Díaz durante el lanzamiento de la campaña El exceso de velocidad mata. Respeta el límite, encaminada a mejorar la movilidad y la seguridad en las carreteras de la ciudad.
Según explicó la funcionaria, que no ahondó en temas como los lugares donde serán instaladas las cámaras ni la fecha puntual para su entrada en funcionamiento, el objetivo que persigue la administración con esta nueva inversión es disminuir el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito.
Díaz aprovechó para señalar que durante 2025 se ha logrado una reducción del 30 % en el número de fallecidos en siniestros viales en comparación con el mismo periodo de 2024.
Este logro, indicó la funcionaria, se debe, en gran medida, a la instalación de dispositivos como las cámaras de fotodetección.
En este sentido, además de las nuevas cámaras, Díaz indicó que se seguirán instalando reductores de velocidad, elementos que también han sido criticados desde el Concejo de Bogotá.
Sumado a esto, habrá una mayor presencia de agentes de tránsito en las zonas que han sido identificadas por la autoridad como las de más alto índice de accidentalidad.
“Se vienen más cámaras salvavidas en la ciudad. Si comparamos con otras ciudades y con sus nueve millones de habitantes, Bogotá está muy rezagada en términos de tecnología de fotodetección”, dijo la secretaria Claudia Díaz.
Desde el Concejo ya habían advertido la llegada de estas nuevas cámaras
Hace algunos días, el concejal Julián Forero, ácido crítico de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán y de su secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, ya había advertido sobre la instalación de los nuevos dispositivos.
Según indicó Forero, son cerca de 60 aparatos nuevos que serán instalados en diferentes partes de la ciudad y que, al tiempo, se reanudará el servicio de otros 20 aparatos que ya están en funcionamiento.
Por el momento, las vías donde comenzarán a operar estos dispositivos son:
- Avenida Guayacanes.
- Avenida Ciudad de Cali.
- Avenida Villavicencio.
- Calle 13.
- Calle 26.
- Avenida 68.
- Calle 72.
- Avenida Boyacá.
¿Qué infracciones detectarán estas nuevas cámaras?
Según el concejal Forero, los dispositivos tendrán la capacidad de identificar diferentes infracciones, como:
- Exceso de velocidad.
- Cruce de semáforos en rojo, giros indebidos y circulación en contravía.
- Falta de documentación al día (SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones).
- Restricciones de movilidad por horarios o zonas.
- Vigilancia en entornos escolares, peatonales y ciclistas.
¿Un “negocio disfrazado de seguridad vial”?
En el momento de alertar sobre la contratación de estos dispositivos, de acuerdo con la investigación realizada por el cabildante, la Secretaría Distrital de Movilidad destinó cerca de 20.000 millones de pesos a través del Contrato No. 2024-3644 con la ETB, para la implementación, puesta en marcha y operación de estos equipos.
Aunque la Secretaría de Movilidad no ha confirmado la fecha exacta, el proceso se proyecta para el segundo semestre de 2025, sujeto a la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
“¿Por qué, en lugar de perseguir a los conductores con más cámaras, no invierten ese dinero en campañas reales y efectivas de seguridad vial? Galán les da la espalda a los conductores, priorizando el recaudo antes que la seguridad”, señaló Forero, quien también asegura que esta iniciativa se trata de “un negocio disfrazado de seguridad vial”.