Un litigio de tierras

De manera respetuosa llegamos a ustedes, para que le den cabida a la respuesta que le damos al informe especial presentado ‘Víctimas-historia de una persecución, la increíble historia de Maritza Salabarria y su familia, a quienes no sólo les quitaron la tierra sino que han sido perseguidos durante 15 años por intentar recuperarlas’, en su edición #1316.

El antiguo Incora, hoy Incoder, al constatar el abandono hecho por algunos parceleros, entre ellos la familia Salabarria, procedió a readjudicarlos y como para muchos de ellos había vencido la prohibición de enajenar el bien y otros solicitaron los permisos legales para vender, procedimos a hacer las operaciones de compraventa, hoy recogidas en los certificados de tradición que le estamos anexando.

Para la época de la adjudicación y revocatoria de las resoluciones de adjudicación de la parcelación de Mundo Nuevo, no existía ni narcotráfico ni paramilitarismo en la zona como para que obligaran a abandonar las tierras a la familia Salabarria, solo con posterioridad y muy recientemente la señora Maritza ha hecho algunas manifestaciones públicas, exigiendo que se les devuelvan las tierras que le adjudicó y revocó el Incora posteriormente, y es así como a raíz de la reinserción paramilitar ha venido tratando de extorsionar a los actuales propietarios con el fin de que se les haga entrega de dinero, siendo así que en dos oportunidades han logrado la entrega de dinero en efectivo por parte de los actuales propietarios legalmente inscritos.

Por ejemplo, el día 18 de agosto de 2006 en el despacho de la defensora del pueblo de Córdoba en Montería, se llegó a un acuerdo conciliatorio recogido en un acta en donde se les entrega a la señora Maritza y Dagoberto Salabarria la suma de 10.500.000 pesos (diez millones quinientos mil pesos), a título de indemnización en donde nos reconocen la calidad de propietarios legales de los predios de las parcelas de la hacienda Dominó y renuncian a toda acción o pretensión de reclamaciones posteriores, invocando su calidad revocada de adjudicatarios.

Jesús María Ramírez García,
Fabio Gutiérrez Escobar
Montería