¿Censo o empadronamiento?

No alcanzó Ernesto Rojas Morales a posesionarse de su cargo de director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) cuando anunció que el Censo Nacional de Población y Vivienda, programado para el 22 de mayo del próximo año, ya no se haría ni ese día ni con la metodología prevista.

La noticia cayó como balde de agua fría. Los más sorprendidos fueron los propios funcionarios del Dane, quienes vienen trabajando en el censo desde 1997. Desde entonces han realizado todo tipo de actividades de preparación, como la actualización cartográfica de los mapas o el diseño de las preguntas que se incluyen en el cuestionario. Incluso han realizado algunos censos experimentales (San Andrés y Providencia en 1999, Yopal en 2001 y Soacha en 2003) con el fin de hacerle los ajustes necesarios.

El censo, después de haber sido aplazado en varias ocasiones por falta de recursos, ya contaba con el visto bueno de la Oficina de Censos de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tenía la certificación del Icontec en todos los procesos y procedimientos y había sido aprobado mediante un documento Conpes del primero de marzo de este año, en donde se ordenaba la inmovilización de la población para el 22 de mayo del año entrante. Pero el censo de 2005, tal y como estaba planteado, ha quedado cancelado.

En el modelo de Rojas el país ya no se inmovilizaría por un día, como es tradicional en los censos, sino que un grupo de 6.000 personas contratadas por el Dane visitarían vivienda por vivienda durante 365 días. De ahí que ya no se necesitarían los 1,5 millones de bachilleres previstos inicialmente ni tampoco los 62.000 supervisores.

El cuestionario tampoco será el mismo. Ya no tendrá el medio centenar de preguntas que ha incluido tradicionalmente, sino que solo serán seis: nombre, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento y relación con el núcleo familiar. Además, por primera vez, se utilizará un identificador de huellas o 'atrapahuellas', para no repetir a nadie en el conteo y saber si esa persona ya fue censada y en dónde.

Según Rojas, el nuevo censo no sólo evitará errores sino que le saldrá mucho más barato al país. El censo aprobado durante la administración de César Caballero tenían un costo de 174.000 millones de pesos. Los cálculos de Rojas hablan de la mitad del costo. Esto porque, según el funcionario, una vez se terminen de censar todos los municipios del país en mayo de 2006, se dará el total nacional y de ahí en adelante la base de datos del Dane se actualiza con base en los registros civiles, es decir, nacimientos, defunciones, matrimonios y migraciones hacia el exterior. En últimas, la idea del nuevo director del Dane es que este sea el último censo que se haga en el país.

La propuesta, como era de esperarse, ha causado conmoción entre la comunidad académica y estadística del país. Para unos, lo que se propone es una metodología que corresponde más a un registro de vecindad o un empadronamiento municipal de habitantes, pero disfrazado de censo. Otros añaden que, aunque las dos metodologías tienen similitudes -universalidad, territorialidad definida y financiación oficial-, difieren sustancialmente en que el censo debe cumplir con el requisito de simultaneidad y secreto estadístico, mientras que el registro de vecindad es continuo y requiere poder ubicar a las personas para efectos de identidad, seguridad, pago de impuestos, entre otros. Piensan que el proyecto de Dane trata de suplantar las responsabilidades de la Registraduría, del DAS y de muchas entidades públicas.



Las críticas

Los interrogantes son de todo orden. En primer lugar, la información recolectada durante un año no permite establecer cuál es el volumen neto de la población para el país y sus diversas zonas geográficas, por cuanto ocurren defunciones, nacimientos y migraciones internas e internacionales que modifican permanentemente el volumen y la estructura de la población. La simultaneidad, en cambio, garantiza la población base.

En segundo lugar, es un desperdicio hacer un censo con tan pocas preguntas. Los censos no se hacen solamente para saber cuántos son los habitantes de un país o dónde están ubicados, sino también para saber qué les hace falta o necesitan. Un censo permite establecer las necesidades de la población en vivienda, salud, servicios públicos, educación, transporte, comunicaciones y representatividad democrática. Como hace 10 años no se realiza ninguno en Colombia, es muy probable que se estén cometiendo arbitrariedades con los recursos del Estado, al darle plata al que le sobra y negársela al que la necesita. El tamaño de la población y sus necesidades determina el monto de las transferencias que hace la Nación a los departamentos y municipios para el gasto social en salud y educación, y además indica la distribución de representación política de los cuerpos colegiados. Además, la información estadística que arroja sirve para orientar las políticas sociales.

En tercer lugar, la toma de la huella digital durante la visita a las casas puede ser contraproducente pues además de asustar a la gente, puede disminuir la veracidad de las respuestas. Y todo el mundo sabe que la calidad de la información estadística depende en gran parte de la confianza de los ciudadanos para proporcionarla. Esta condición se perdería al pretender usarla para otros fines como la identificación de personas, lo cual iría en desmedro de la imagen del Dane frente a la población, con las consecuencias que traería para todas las investigaciones de este ente rector de las estadísticas nacionales. Y de paso le puede restar confianza a otro tipo de estudios de opinión.

En cuarto lugar, si bien es cierto que el censo a partir de registros administrativos es algo que hacen países como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ninguno de estos lugares atraviesa una situación tan compleja como la que hoy vive Colombia. El temor de los colombianos a proporcionar datos personales es porque no tienen claro para qué se va a usar esa información o en manos de quién puede terminar. Pasa cuando llaman por teléfono a las casas a hacer encuestas o cuando hay que llenar cuestionarios en la calle. "¿Cómo garantizarles que esa información no se va a cruzar con otros propósitos como el de ubicar a delincuentes o perseguir a evasores de impuestos?", dijo un analista con amplia experiencia en este campo.

La crítica de fondo es que esta sea una estrategia del gobierno para meter gato por libre. Es decir, revivir a través del censo la propuesta de empadronamiento que contemplaba el estatuto antiterrorista que tumbó la Corte. Incluso la presentación que tiene Rojas de la nueva propuesta es sorprendentemente similar a la que hizo con Humberto de la Calle el 3 de septiembre de 2003 sobre el empadronamiento. Una cosa es debatir si al país le conviene o no el empadronamiento, y otra cosa muy distinta es tratar de meterlo por la puerta de atrás. "Como está planteado el censo, es un empadronamiento que no le corresponde al Dane y que puede dañar las cifras", dijo el senador Camilo Sánchez, quien para este martes citó a Rojas a un debate.

Rojas se defiende de estos cuestionamientos: "Esto no es un empadronamiento, y de hecho hay países en América Latina como Perú que están aspirando hacer el censo de la misma manera". Añadió que además como él plantea el censo sale más barato y más rápido pues se evita someter a los ciudadanos a un cuestionario tan largo. Explicó que las preguntas se incluirían de todos modos en las encuestas nacionales de hogares que hace el Dane periódicamente y que ya no cubrirían 40.000 hogares sino un millón. Sin embargo, argumenta Carlos Lemoine del Centro Nacional de Consultoría, la única medición que permite focalizar en dónde están los problemas es el censo, pues el resto de encuestas se basan en muestras muy pequeñas que revelan tendencias, pero no exactamente quién tiene qué problema ni dónde.

Todavía no es claro en dónde estaría el ahorro de este nuevo censo, pues se tendrían que contratar miles de funcionarios permanentes para visitar las casas todo el año hasta que encuentren a cada persona. Y además, como señala Jorge Londoño de Invamer-Gallup, "lo costoso es conseguir a la persona, en cambio el costo de aumentar el número de preguntas es marginal".

A juzgar por la cantidad de críticas que ya ha levantado la propuesta cuando apenas ha sido puesta sobre el tapete, es de esperar que la polémica se agudice en los próximos meses. En efecto, es mucho lo que el gobierno tendrá que explicar las razones de este giro radical que puede tener implicaciones graves y que no se puede justificar sólo con un posible pequeño ahorro.