La bella Suiza

La proveniencia de estos recursos tiene diversos orígenes. Por un lado están los empresarios legítimos que tienen recursos declarados en el exterior; ellos están en el marco de la legalidad. De otra parte, hay otros empresarios que también operan bajo la legalidad, que tienen dinero en el exterior, proveniente de actividades legales, pero que lo están ocultando de las autoridades tributarias nacionales. Algunas veces esos recursos pertenecen a personas que por uno u otro motivo se exiliaron del país. En estos casos, según las legislaciones suiza y colombiana, las implicaciones son meramente civiles.

También existen cuentas en el exterior que albergan dinero cuya procedencia es ilegal: recursos provenientes de sobornos, coimas u otras actividades similares. En este caso, las implicaciones no son solamente civiles, sino también penales.

La turbulenta historia colombiana de las últimas décadas hace que las cuentas de los colombianos en el exterior sean de estos tres tipos. Es por eso que los nombres deben ser estudiados con cuidado y, antes de revelar cualquiera de ellos, se debe hacer un análisis serio del origen de esos recursos. Mezclar justos con pecadores sería contraproducente e injusto.

Aunque el secreto bancario existía en Suiza desde el Renacimiento, se implementó por primera vez en una ley de 1934 para volver a ese país más atractivo como centro financiero. Mantuvo su neutralidad durante las dos guerras mundiales y no ingresó a la Unión Europea. Esta neutralidad suiza estableció un ambiente estable en el sector bancario capaz de desarrollarse y prosperar.

La legislación suiza equiparó el secreto bancario a la confidencialidad que existe entre un médico y su paciente. Toda esta regulación tiene como objetivo atraer dinero legal de todo el mundo, especialmente de aquellos individuos que provienen de regímenes inestables. A este tipo de personas es a las que se refieren las autoridades suizas cuando argumentan que el problema no es el secreto bancario que ha existido hasta ahora –y que lentamente se desvanece–, sino la incapacidad de ciertos gobiernos de garantizar la protección a los ahorros y a la propiedad privada.

Quizás por ello, en la lista Falciani los colombianos estaban relacionados con US$273 millones, mientras los venezolanos registraban recursos por US$14.000 millones. En este último caso, probablemente se descubrirán recursos de chavistas y de perseguidos por el chavismo, los dos preocupados por la imposibilidad en Venezuela de garantizar la protección a sus ahorros.

La tesis suiza ha sido criticada por varios gobiernos, que ven los depósitos en Suiza como una manera de evadir sus fiscos. Este ha sido el caso de Estados Unidos, que en 2010 expidió el Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), una legislación que exige que los obligados a tributar en ese país reporten las cuentas financieras que tengan fuera de los Estados Unidos, y a las instituciones financieras internacionales a reportar a estos individuos a la oficina de impuestos –IRS– de ese país. 

Por otra parte, desde 2009, con la presión del G20 (los 20 países más poderosos del mundo económicamente) y en especial de los Estados Unidos, Suiza redujo la protección del secreto bancario para aquellas personas que no hayan declarado sus bienes a las autoridades fiscales. Estas presiones son el resultado de los excesos de la banca suiza, que sistematizó la evasión tributaria de clientes extranjeros en años anteriores. Asimismo, la crisis financiera redujo abruptamente los presupuestos de los países desarrollados y los obligó a combatir la evasión. Ese año Berna dio unos 250 nombres de clientes del Banco UBS al Departamento de Justicia americano para evitar un cargo por complicidad en fraude fiscal.

Por cuenta de todo esto, Suiza estuvo por seis meses en la lista negra de la Ocde de paraísos fiscales y, para salir de ella, firmó acuerdos para el intercambio de información tributaria.

La presión y el escándalo deberían servirle de lección a Panamá para que firme un acuerdo de información tributaria con Colombia. De lo contrario tendría que ser declarado paraíso fiscal. Por su parte, Colombia debe aprender de países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, que han liderado un gran esfuerzo mundial para combatir la evasión. Esto se debe hacer sin sensacionalismo. Más importante que el nombre de las empresas o personas, es que tributen lo que deben tributar.

Para ello, lo más efectivo es seguir las guías de la Ocde para gravar los flujos que van a paraísos fiscales, en lugar de llevar a cabo una cacería de brujas. Otra alternativa, como la llamada amnistía tributaria, ha tenido un efecto hasta ahora marginal y, además, se puso en peligro con el impuesto al patrimonio.

En este año, en el que se visualiza una nueva reforma tributaria, es bueno recordar que de nada sirve gravar a los que ya pagan impuestos, cuando existen montos muy significativos –de origen legal e ilegal– que tienen algunos compatriotas en el exterior.